í‰dgar Barquí­n, superintendente de Bancos, en la sede de la bancada Gana calificó de ataque bestial de personas que no quieren a Guatemala la agresión contra Banrural, luego que se desveló el caso Rosenberg.

En lo que más pareció una campaña de expectativa polí­tica o una broma de mal gusto, Roberto Alejos Cámbara, presidente del Congreso de Guatemala, anunció un boicot a la Ley de Comisiones de Postulación, el cual quedó sólo como un rumor.

Para mediados de este año tentativamente se tiene previsto que la Universidad de San Carlos promueva estudios superiores para policí­as; actualmente 171 miembros de la institución cuentan con pénsum cerrado en diferentes carreras, asimismo hay siete colegiados activos.

La Fundación de Antropologí­a Forense de Guatemala (FAFG) recopila la información genética de los sobrevivientes de la guerra interna para identificar los restos de las miles de personas que fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente.

Los paí­ses centroamericanos requieren más tecnologí­a e inteligencia, y cambiar viejos métodos, para afrontar las redes del crimen organizado que han puesto en crisis la seguridad pública, afirmó un experto salvadoreño.

El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, entregó una carta a la Comisión Internacional contra la Impunidad, avalada por la ONU, con los nombres de tres presuntos asesinos de un abogado que acusó al gobernante ílvaro Colom de su muerte.

El presidente de Guatemala, Alvaro Colom, inmerso en una crisis polí­tica que amenaza a su gobierno, afirmó ayer en Managua que defenderá la institucionalidad y la democracia de su paí­s «cueste lo que cueste y pase lo que pase».

Luego del asesinato de un piloto en Huehuetenango, se capturó a un presunto responsable del hecho, la población exigió se les entregara al acusado, pero como no cedió, quemó la subestación de la Policí­a, ubicada en esa localidad.

Tras la crisis que enfrenta el Gobierno por la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, unos dos mil maestros protestaron este dí­a para exigir que no se disuelvan los programas de Cohesión Social, que «son amenazados con desaparecer» a raí­z del escándalo, asimismo por el respeto al Estado de Derecho e institucionalidad, entre otras cosas.