El Congreso de la República aprobó reforma al artí­culo 173 del Código Procesal Penal con la que se suprime la función administrativa que cumple la PNC y que consiste en dedicar parte de su tiempo en entregar notificaciones y citaciones a personas que son requeridas por la justicia.

Un amparo y una inconstitucionalidad mantendrí­an congelado el inicio de juicio contra siete personas acusadas de la muerte de tres diputados salvadoreños y su piloto; a esas acciones se suma una más presentada por el MP, esta no será resuelta en menos de un mes.

Estados Unidos, designado como paí­s invitado a la XII Feria Alimentaria del 8 al 10 de septiembre, participará con una «amplia y significativa presencia de entidades gubernamentales y del sector privado», informó la sede diplomática norteamericana.

Como una estrategia «de impacto» e inusual en los gobiernos anteriores, analistas califican el cabildeo que realiza el presidente ílvaro Colom con diputados y alcaldes de partidos polí­ticos.

La primera fuerza de oposición en el Congreso, el Partido Patriota, separó de sus filas al diputado Aní­bal Salguero, presunto propietario de un autobús que se accidentó en febrero pasado con saldo de 56 muertos.

El domingo último, el Relator Especial de Educación de las Naciones Unidas arribó a Guatemala.

Jackeline España, jueza pesquisidora del antejuicio contra Rubén Darí­o Morales, citó esta mañana a Raúl Girón, gerente general de Mercado de Futuros (MDF).

Polí­ticas privatizadoras en el área de la salud, desarrollo rural, azotes por los altos precios de la energí­a eléctrica, alianzas público-privadas, anomalí­as en la entrega de fertilizantes, deuda campesina, alto costo de la canasta básica, exploración y explotación minera son parte de los resultados de 22 foros parlamentarios populares impulsados por la bancada URNG-MAíZ.

José Pinzón, secretario general de la Confederación Central de Trabajadores de Guatemala (CCTG), rechazó que únicamente «trabajadores menores» del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estén involucrados en la triangulación de dinero del IVS, donde jubilados se han prestado para el robo.

¿Quién debe tener el control de las armas y por qué regular la compra del número de municiones?, son criterios que todaví­a mantienen distante a la comisión de Gobernación, la Cámara del Agro y la Gremial de Empresas de Seguridad, indicó el parlamentario Aní­bal Garcí­a.