El Congreso de la República aprobó reforma al artí­culo 173 del Código Procesal Penal con la que se suprime la función administrativa que cumple la PNC y que consiste en dedicar parte de su tiempo en entregar notificaciones y citaciones a personas que son requeridas por la justicia.

El decreto 37-2008 establece textualmente «Citación: cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público o el juez o el tribunal la citará en su domicilio o residencia o en el lugar donde trabaja».

Cuando ocurra la sanción, promulgación y publicación de la reforma, la participación de la Policí­a Nacional Civil se deberá ajustar únicamente a cumplir con la orden derivada de autoridad competente de conducir por la fuerza pública a la persona que habiendo sido citada legalmente no comparezca al acto o notificación para el que fue citada.

La consideración principal de los diputados se enfocó que se desatiende la función de prestar seguridad y garantizar la vida, la libertad, la seguridad y la paz de las personas que viven y transitan en Guatemala, como respuesta a la realidad nacional del paí­s, cita el texto.

Qué se espera

La Policí­a Nacional Civil (PNC) es encargada de la prevención y represión del delito y no puede desviar su atención en realizar funciones administrativas para entregar avisos y comunicar decisiones judiciales que han trastornado la función principal que es prestar seguridad a los guatemaltecos, precisó el parlamentario Aní­bal Garcí­a.

Que esa facultad de notificar sea solo obligación de jueces y fiscales, es una buena reforma, porque le quita esa facultad a una institución que estaba dilapidando recursos que bien pueden ser canalizados para proteger al ciudadano, consideró el legislador.

Los criterios surgidos son que como notificadores, los agentes PNC han sido empleados estatales que se dedican a desgastar vehí­culos, recursos humanos y a quemar combustible (gasolina o diésel), y con ello deprimir el escaso presupuesto destinado a la seguridad ciudadana.

Queda esperar que ahora ya no vayan a descuidar las tareas especí­ficas y que la obligación de garantizar más seguridad jurí­dica se cumpla, porque muchas veces los agentes no procedí­an a los demandados y hací­an uso de la discreción para cumplir o no cumplir, finalizó Garcí­a.