Un amparo y una inconstitucionalidad mantendrían congelado el inicio de juicio contra siete personas acusadas de la muerte de tres diputados salvadoreños y su piloto; a esas acciones se suma una más presentada por el MP, esta no será resuelta en menos de un mes.
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El 16 de julio último, la Fiscalía De Delitos Contra la Vida interpuso una recusación contra el Tribunal Undécimo en pleno; dicha acción ya fue remitida a la Sala Tercera de Apelaciones, donde aguarda para ser resuelta.
El caso es que esa recusación retardará por más de un mes el inicio del juicio contra los siete acusados del asesinato de los parlamentarios: José Ramón González, William Pichinte y Eduardo D»Aubuisson, diputados del partido de derecha salvadoreña Arena.
Argumentos
Edwin Marroquín, fiscal del caso Parlacen, explicó que existen dos razones «fundamentales» para presentar la citada acción: «El juez que preside ese tribunal es originario de Jutiapa y reside allá, él y su familia, y ese extremo puede hasta cierto punto influir en las decisiones que tome; recordemos que la mayoría de sindicados son de esa región», declaró el fiscal.
La segunda razón poco se relaciona con la primera: «además, ese tribunal ha estado dictando resoluciones contrarias a la ley», enfatizó Marroquín.
En lo anterior, el fiscal se refiere a que los tribunales noveno y segundo, hacia donde fueron enviados los expedientes de primera instancia, ya habían ordenado la conexión para que los implicados sean enjuiciados en un mismo debate.
Rechazo
Romeo Monterrosa, abogado defensor de Linda Aura Castillo Orellana y Carlos Amílcar Orellana Donis, calificó la recusación como una «medida dilatoria» en el proceso.
El jurista añadió que «las diferentes pruebas que han sido presentadas por la defensa demuestran que fue un crimen de Estado y no es primera vez que lo denunciamos».
Monterrosa enfatizó que los argumentos vertidos en la recusación contra el Tribunal Undécimo carecen de fundamentos y sólo retrasarán el proceso.
Pendiente
La fiscalía interpuso un amparo en contra del Tribunal Undécimo, por negarse a conexar el expediente de Linda Aura Castillo Orellana, acusada en ese caso, con el de los otros sindicados. La Sala Cuarta de Apelaciones lo otorgó de forma provisional al MP, pero no ha resuelto en definitiva; ese proceso podría tardar más de un mes.
Una acción de inconstitucionalidad fue planteada por Marvin Roberto Contreras Natareno, ex policía implicado en ese crimen, la cual permanece en la Corte de Constitucionalidad para ser resuelta.
La recusación que el MP planteó en contra del Tribunal Undécimo espera resolución de la Sala Tercera de apelaciones.
La idea no es retrasarlo sino que se lleven a cabo con las formalidades legales cinco debates en perjuicio del sistema de justicia, no importa que se retrasen pero que se lleven a cabo.
Medios internacionales publicaron la más reciente reacción de Antonio Saca, presidente de El Salvador, quien al fallecer el fiscal que investigaba crímenes de alto impacto como el caso Boquerón: «hay una mafia alrededor de todo esto, se quiere ocultar la verdad de los hechos».
El mandatario ha efectuado fuertes críticas al Gobierno guatemalteco y a la labor del MP en torno a ese caso; eso en el marco de las dudas que han surgido tras el asesinato de varias personas que en algún momento tuvieron relación con el crimen contra los diputados del vecino país.