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Gloria Barrios Pineda y Celeste Vetorazzi, fueron enviadas a la cárcel Santa Teresita zona 18. Asimismo, Juan Eladio Campos, Eduardo Palomo Escobar, Ariel Camargo, Francis Fisher, y los hermanos Eduardo y Jorge González Castillo, fueron enviados al Centro Preventivo de la zona 18, mientras que a su padre, Eduardo González Rivera, fue enviado a un centro asistencial.

El décimo implicado, Eduardo Palomo Mahr, fue ligado a proceso, pero se le concedió medida sustitutiva, ya que sólo se le ligó por un delito. í‰l deberá firmar periódicamente el libro de visitas.

POR ARELI ALONZO
aalonzo@lahora.com.gt

A los diez se les vinculó a los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y caso especial de estafa, ya que según investigaciones del Ministerio Público, se presume que hubo un desfalco que suma $254 millones y que afectaron a 3 mil 332 clientes.

Tras cuatro dí­as de audiencias -siendo la de ayer la más larga con 18 horas de duración-, a las 6:30 de la mañana de hoy viernes, el juez Décimo de Instancia Penal ligó a proceso a los acusados y los enví­o a prisión preventiva.

En el caso de Eduardo González Rivera, fue llevado a un hospital privado donde será internado, sin embargo, queda ligado a proceso.  En cuanto a Francis Fisher se le realizará una evaluación médica para determinar si es pertinente que asista a un centro asistencial o sea llevado a prisión.

El único que no fue ligado por los tres delitos antes señalados, fue Eduardo Alberto Palomo Mahr, a quien sólo lo ligó por encubrimiento propio. Por esa razón, consideró que este delito no merece la prisión preventiva, por lo que deberá asistir a firmar el libro de asistencia los primeros cinco dí­as hábiles de cada mes.

Por su parte, los familiares de Juan Eladio Campos Moraga arremetieron contra la prensa, al expresar su intención de arrollarnos con su vehí­culo.

ESTAFA EN EL BIB

El Ministerio Público (MP) –que tiene dos meses para presentar ante el juez el acto conclusivo- acusa a los exdirectivos de los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera, caso especial de estafa -todos en forma continuada- y conspiración.

Las investigaciones realizadas por fiscales del MP sostienen que 20 personas -nueve están prófugas- de la corporación bancaria disuelta en 2006 por la Junta Monetaria concertaron transacciones irregulares por el dinero de los clientes a través de la entidad Bancafé International Bank para desviar fondos con el fin de beneficiarse.

Eduardo González Castillo, tras ser ligado a proceso, aseguró que los implicados y sus familiares se mostraron “sorprendidos” ya que con la primera presentación del Ministerio Público en este caso “era evidente que era una presentación muy débil con muchas inexactitudes, se evidenciaba una especie de falta de entendimiento de cómo funcionaba el sistema”.

Por ello, asegura González Castillo, que los ex directivos se tomaron bastante tiempo en sus declaraciones con el fin de “aclarar” y “aportar” a la investigación, “pero después de una semana vemos como que todo estaba decidido antemano; ésa es la impresión que nos queda”.

REACCIONES

íngel Castro, querellante adhesivo en el caso y quien también resultó afectado con el cierre de operaciones de la entidad, aseguró que el Ministerio Público hizo una investigación profesional y aportó muchos medios de prueba.

“Por lo menos es un paso hacia adelante, y creo que esto va a abrir la oportunidad para recuperar, aunque sea algo, porque todaví­a faltan muchas pruebas que tiene que aportar el Ministerio Público y haber que actitud asumen los exfuncionarios de la Superintendencia de Bancos”, agregó Castro.

Durante la audiencia estuvieron presentes afectados con el cierre de operaciones, entre ellas, las Hermanas Misioneras de la Eucaristí­a, de Sololá, quienes perdieron la ayuda extranjera que reciben para proyectos dirigidos a comunidades del área rural, para la implementación de agua entubada, compra de láminas y para una comunidad que no tiene terrenos para construir sus viviendas.

DELITOS IMPUTADOS

En el delito de caso especial de estafa: el Artí­culo 264 Numeral 23 del Código Penal:
Bancafé International Bank, LTD engañó a sus depositantes, haciéndoles creer que era una entidad financieramente sólida, al no registrar en su contabilidad una deuda de más de US$150 millones; Bancafé International Bank, defraudó a sus depositantes, al no devolverles ni reembolsarles el cien por ciento de sus depósitos, por haberlos trasladado a otra compañí­a del grupo, VIPASA International Investments Corp. que usó esos fondos, entre otras cosas, para adquirir activos tóxicos del Banco del Café, S.A.  Desde un principio se sabí­a que esos fondos no los recuperarí­a Bancafé International Bank, LTD, pues VIPASA no tení­a ingresos suficientes.

Del delito de intermediación financiera continuada: el Artí­culo 103 de la Ley de Bancos (Decreto Número 315 del Congreso de la República),  modificado por el Artí­culo 11 del Decreto Número 26-99 del Congreso de la República y, el Artí­culo 96 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros

VIPASA International Investments Corp. con participación de Bancafé International Bank, Ltd., cometió el delito de intermediación financiera, ya que: VIPASA es una persona jurí­dica que no está autorizada legalmente para realizar intermediación financiera en Guatemala.

VIPASA indirectamente, a través de Bancafé International Bank, Ltd., captó los recursos que el público previamente habí­a depositado en dicho banco off shore, por cientos de millones de dólares.
Durante el año 2000 captó más de US$70 millones; en el año 2001 captó más de US$94 millones; en mayo de 2002, captó más de US$262 millones; y en el año 2003, captó más de US$353 millones.

VIPASA utilizó parte de dichos recursos para negocios de financiamiento (operaciones financieras en beneficio del Banco del Café,  S.A.).

Del delito de lavado de dinero u otros activos, Artí­culo 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos: “comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por si, o por interpósita persona.”

El delito de conspiración no les fue agregado a los implicados, porque la Ley entró en vigencia después de que Bancafé fuera intervenido.

FISCALíA

Rony López, de la fiscalí­a de Delitos contra la Corrupción del Ministerio Público, indicó que los acusados fueron indagados en una audiencia que rompe récord de toda la semana, porque ellos mismos pidieron su derecho a declarar y el juez les otorgó ese derecho de conformidad con la Constitución Polí­tica de la República de Guatemala.

Sin embargo, al final el juez resolvió indicando de que consideraba que los delitos que les imputa el Ministerio Público a cada uno de ellos, si son precisamente los delitos que corresponden a las conductas que se encontraron en aquella época de 2006, cuando sucedió la suspensión del banco.

“De alguna manera ellos no están de acuerdo con eso”, aseguró López, sin embargo, existen pruebas suficientes.

De acuerdo con el fiscal, el Ministerio Público realizó la investigación y encontró -en aproximadamente más de 400 cajas- documentos que los incriminan directamente y que descubren como realmente ellos operaban en Bancafé.

“Siempre estuvo insolvente, de acuerdo a los documentos encontrados, ellos mismos lo dicen en documentos que encontramos, eso no quiere decir que nosotros queramos entender el panorama de otra situación, allí­ están los documentos y se pusieron a la vista del  juez y de los acusados, y están los correos electrónicos por medio de los cuales se comunicaban”.

Según Rony López, en los mismos los acusados hablan de que Bancafé y el Grupo Financiero estaba en una situación “de insolvencia”, que estaba actuando en un giro normal y que estaba transparente ante las autoridades de la Superintendencia de Bancos, y a la vez reflejaba una confiabilidad ante los usuarios, “esto quiere decir que todas las personas que depositaron dinero en el grupo financiero del paí­s “aparentemente” se podí­a decir que estaba bien, sin embargo no estaba bien, ahí­ habí­an problemas financieros”, finalizó López.