El SIB y la CICIG suscriben Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional contra el lavado de dinero, que en nueve años registra movimientos por Q2,584 millones, producto de la comisión de los delitos de corrupción, extorsiones, narcotráfico, estafas y tráfico de personas.

El propósito de este convenio, suscrito por el superintendente de Bancos, Ví­ctor Mancilla, y el Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Francisco Dall’Anese Ruiz, es contribuir en el esfuerzo conjunto por erradicar las prácticas de impunidad y corrupción en el paí­s y a la vez coadyuvar en el trabajo que realiza la CICIG.

De acuerdo con Mancilla, con este convenio se busca fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con éstos, que operan en el paí­s.

Datos de la Superintendencia de Bancos (SIB) desde 2002 hasta el 30 de septiembre de 2011, indican que se han recibido 281 denuncias, con 4,462 personas involucradas que tienen que ver con operaciones de lavado de dinero.

El narcotráfico ha sido el delito que más movimiento de dinero ha tenido, con Q1,013 millones, según Mancilla.

Le siguen la defraudación tributaria, con Q644 millones; Q623 millones por corrupción; Q148 millones por movimientos cambistas; Q86 millones por tráfico de personas; Q12 millones por estafa, y 7.61 millones por extorsión.

Desde enero al 30 de septiembre de 2011, se han presentado 68 denuncias que involucran a 1,385 personas, de acuerdo con Ví­ctor Mancilla, y se tiene proyectado que para fin de año se llegue a 100 casos.

Para lograr esto, se trabaja en conjunto con el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para hacer los casos más eficaces y, como indica Mancilla, a veces existe el problema de pruebas insuficientes, por lo que se trabajará para que la labor sea más efectiva.

Subrayó que en la Intendencia de Verificación Especial (IVE), un caso puede tardar entre 6 y 8 meses en la investigación, dando todo el soporte para que sean eficaces; sin embargo escapa de sus manos darle agilidad a estos procesos,  por lo que el propósito del convenio es buscar la manera para agilizarlos y  que toda la red opere con efectividad.