Si los guatemaltecos viven con miedo de salir a las calles por el clima de violencia que se vive, imagine lo que significa vivir en una zona “roja”. Entre otras muchas cosas, significa acostumbrarse al miedo constante, esquivar el peligro y jugarle la vuelta a la muerte. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte y la violencia les pasa una costosa factura.

Desgarradora situación de una familia que en mes y medio perdió a tres menores de edad, dos por violencia y otra por la imprudencia de un conductor ebrio

Guardia de seguridad que ha tenido que lidiar con el dolor que aqueja a su familia  y que, además, vive con Q1500 al mes, refleja la realidad de nuestro país

No se reportan capturas por los asesinatos y el conductor resolvió su situación en tribunales

La familia Grávez Santa Cruz, que vive en la colonia Villa Hermosa II, zona 7 de San Miguel Petapa, lo sabe perfectamente, pues en menos de dos meses perdió a dos niños a causa de la violencia. Por si no fuera suficientemente doloroso, además, perdió a un adolescente y uno de los pilares del núcleo familiar no puede caminar debido a un accidente de tránsito causado por un conductor en estado de ebriedad. Las víctimas argumentan que en esas zonas “nadie está a salvo y viven olvidados”.
La familia Grávez ejemplifica lo que les pasa a miles de familias a lo largo y ancho del país.

En menos de dos meses la familia Grávez Santa Cruz perdió a tres menores de edad, dos durante una balacera y otro en un accidente de tránsito, que también dejó a Alma Yanira de Grávez confinada a una cama debido a una fractura de pelvis.

Según la información de los cuerpos de socorro, en los últimos días se ha reportado unos cuatro incidentes armados en la zona 7 de Villa Hermosa, con el saldo de tres personas muertas y dos lesionadas, como ocurrió el pasado 27 de noviembre.

Ese día fueron muertos Orlando Rocael, de 17 años y Gustavo Arnoldo, de 6, ambos de apellido Grávez, quienes se encontraban a inmediaciones de una venta ambulante de juegos pirotécnicos, cuando sicarios les dispararon desde un vehículo en movimiento.

Los menores de edad eran hermano y sobrino –respectivamente- de Miguel Grávez, un guardia de seguridad privada que reside en esta zona y quien además lidiaba con el dolor de la pérdida de su hija que el pasado 18 de octubre fue víctima de un accidente de tránsito causado por un hombre que aparentemente conducía bajo estado de ebriedad; en el suceso, la esposa del agente sufrió una fractura de la que todavía no se recupera.

¿Se imagina usted perder a su hija, tener a su esposa con una fractura que no le permite caminar y sin recursos para procurarle una sana recuperación, y mes y medio después perder a su hermano y sobrino que fueron cruelmente asesinados? Eso es lo que vive Miguel Grávez y su familia.

Por la muerte violenta de los dos niños aún no se reporta la detención de responsables, mientras que en el caso del conductor ebrio se supo que fue consignado al poder judicial, pero dilucidó su situación en un juzgado; aunque se sabía que residía en Villa Hermosa, abandonó el sector sin resarcir a la familia afectada.

“El muchacho que atropelló a mi sobrina solo pagó la funeraria, dicen que vivía en el sector 4 de Villa Hermosa, pero nunca lo tratamos. Salió libre y se fue, lo malo es que dejó a mi hermana sin poder caminar”, explica Silvia Gámez Santa Cruz, hermana de Yanira.

De acuerdo con los informes policíacos, el hecho ocurrió en octubre pasado, cuando el conductor del vehículo, Gerber Amílcar García Girón, de 24 años, empotró el automotor en la residencia de la familia, causó heridas a Alma Yanira y ocasionó la muerte de la niña María del Carmen Grávez Santa Cruz, de 4 años.

Aunque esta persona fue detenida, en los archivos del Sistema Penitenciario (SP), se reporta que no ingresó a ninguna cárcel del país y aparentemente logró resolver su situación jurídica en el juzgado.

Esta familia sobrevive únicamente con el salario de Miguel Grávez, quien devenga  Q1500 mensuales.  El núcleo familiar tiene dos hijos y ninguno asiste a un centro educativo.

“NADIE ESTÁ A SALVO”
Según los entrevistados, Yanira aún necesita ser tratada por especialistas para que le brinden la atención médica remuneratoria, pero no cuentan con los recursos económicos para costear el tratamiento y las radiografías.

De momento, la afectada permanece en reposo; el médico que la atiende le ha pedido “paciencia” para su recuperación, pues de momento prefiere no llevar a cabo ninguna intervención quirúrgica por el “riesgo que corre”, se indica.

La realidad de estas zonas es difícil, dicen los afectados, pues “nadie está a salvo”. El miedo, la falta de seguridad y la escasa aplicación de justicia son dos factores que no permiten denunciar y exigir a las autoridades que cumplan con su deber.

“La verdad tenemos miedo; todo lo ponemos en las manos de Dios, porque aquí nadie está a salvo.  Hasta escalofríos le da a uno de enterarse de las cosas tan tremendas que pasan, a unos peor que a otros”, dice Silvia, la hermana de la afectada.

La denuncia de estas personas solo devela uno de varios casos que se suscitan diariamente en Guatemala.  El control y la vigilancia que mantienen grupos delictivos se evidencia sin ningún recato.

MAPA DE LA INSEGURIDAD
Según análisis policiales, las zonas o municipios rojos son calificadas de esta forma, por el índice de criminalidad y el impacto social de los hechos de violencia que están estrechamente vinculados con los delitos contra la vida y el patrimonio, así como las lesiones hacia los pobladores.

Esos lugares usualmente llaman la atención cuando son escenarios de balaceras que cobran la vida de varias personas, pero regularmente están prácticamente olvidadas de las políticas de seguridad ciudadana y generación de oportunidades.  El miedo y la impunidad son dos factores que prevalecen.

Análisis del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, realizados con información de la Policía Nacional Civil, PNC, indican que los municipios más violentos en 2012 son: Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Villa Canales, Amatitlán y San Miguel Petapa. Mientras que en la capital se ubican en las zonas 18, 6, 5, 1, 12.

Ana María de Klein, de Madres Angustiadas, opina que el Ministerio de Gobernación, Mingob, también tiene un mapa claro de las áreas tomadas por el crimen organizado, las maras y la delincuencia común, por lo que debe intervenir de forma urgente para cambiar la situación de estos lugares.

“La Policía, que conoce estos lugares, debe reproducir sus programas, hacer capturas y frenar la delincuencia, porque con la presencia de la policía, la gente se siente con más confianza de hacer sus denuncias, eso se necesita, a estas alturas el Mingob ya debe saber dónde y cómo operan las bandas en estas zonas”, dice.

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
Arkel Benítez, viceministro de Prevención de Violencia de la Cartera del Interior, explica que la denuncia y el acompañamiento de la víctima en un tema relacionado a la seguridad permite una resolución mucho más exitosa, por ello, el Estado ha implementado una serie de acciones para retomar el control de ciertas áreas y ganarse la confianza de la población.

“Establecimos fuerzas de tarea a nivel temático –Fuerzas de Tarea para el combate de diferentes delitos- y luego bajamos a un nivel de fuerzas de tarea territorial, es porque se reconoció la importancia del aseguramiento del terreno, esto tiene que ver con el esquema de seguridad pública y los territorios”, dice el funcionario.

Según el entrevistado, se han bajado los indicadores de homicidios que tienen que ver con la violencia armada, en áreas donde se establecieron las fuerzas de tarea territoriales que son la Fuerza de Tarea Maya y Kaminal, que funcionan en las zonas 18, 7 y El Mezquital.  Se aseguraron los territorios con efectivos de fuerzas de seguridad que supuestamente empiezan a generar confianza.

El trabajo también se enfoca para alcanzar los objetivos a largo plazo, que busca la creación de una comisión de seguridad ciudadana a nivel comunitario, municipal o departamental.

“La parte que es de largo plazo es la figura de comisión de seguridad ciudadana a nivel comunitario, puede ser a nivel municipal o departamental, pero realmente con criterio de participación democrática, inclusión social, con enfoque de género y pertinencia cultural, de tal suerte que la comunidad se vea representada en esa comisión de seguridad ciudadana”, explica.

Benítez admite que deben recuperar los territorios y hacer presencia del Estado en lugares donde no existía esta figura.

“Lamentablemente teníamos lugares donde la policía no patrullaba porque también había ciertos temores, ahora que implementamos esas fuerzas de tarea con un esquema de seguridad pública empezamos a ver que la ciudadanía está agradecida con el Ejército y con la PNC; están empezando a confiar y a suministrar información, esa información que tiene características delictivas se toma como una denuncia de acuerdo con el Código Procesal Penal y se procesa para que inicien las investigaciones”, indica.

AÚN ES INSUFICIENTE

Eleonora Muralles, directora de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, FADS, reconoce los esfuerzos del Gobierno, pero a su criterio aún son insuficientes.

“Los esfuerzos son insuficientes realmente, porque sigue habiendo gente que muere, los famosos robos de celulares, las extorsiones no terminan, hay lugares totalmente tomados, creo que las fuerzas de tarea no son suficientes”, explica.

La experta dice que en varias ocasiones han reiterado a los Ministros de Gobernación, que también pueden hacer uso de otras herramientas, como la Ley contra el Crimen Organizado y los agentes encubiertos que aún no existen y que deben hacer inteligencia en las zonas rojas.

Según indica, persiste temor por parte de la población para denunciar, pero si la Cartera del Interior montara una verdadera estrategia de inteligencia en los lugares donde se sabe que están tomados por las maras y el crimen organizado, se darían cuenta de cómo operan y podrían llegar a desarticular las bandas, desde la cabeza.

“No es suficiente que desarticulen a los delincuentes operativos, a los que dan la cara, porque son fácilmente sustituibles, quitan a diez y ellos tienen a cincuenta en espera, para hacerlo tendrían que llegar a las cabezas y para llegar a las cabezas primero se necesita voluntad verdadera y hacer un tipo de investigación que dé resultados, porque lo que han hecho a la fecha no ha dado resultados”, concluye Muralles.