Hasta marzo último, el Centro Preventivo de la zona 18 recluí­a a 29 personas consideradas de alta peligrosidad por su presunta vinculación con los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, no obstante, siete de ellos han recuperado su libertad.

Las autoridades del Sistema Penitenciario reconocen que han redoblado la seguridad en el sector que hoy recluye a no menos de 22 personas vinculadas, según el Ministerio Público (MP) y la Policí­a Nacional Civil (PNC) a esa organización criminal.

Sin embargo, siete supuestos Zetas han recuperado su libertad por medio de fianzas y medidas sustitutivas que les dan, en teorí­a, el beneficio de la duda: ¿inocencia de los implicados?, ¿debilidad del sistema de justicia?, ¿falta de pruebas?

OPINIONES

El MP asegura tener las pruebas suficientes para vincular a los detenidos con esa organización, sin embargo, los fiscales que prefieren el anonimato por temor a represalias, indican que cada caso es distinto.

La Fiscalí­a Contra la Narcoactividad cita como ejemplo que la solicitud de antejuicio contra Moisés Chavarrí­a López, juez de Primera Instancia de Cobán, quien dejó en libertad a cuatro presuntos integrantes de los Zetas.

El MP enfatiza que el juzgador incurrió en cuatro delitos: prevaricato, obstrucción a la justicia, conspiración y resoluciones violatorias a la constitución; al ordenar la libertad bajo fianza de cuatro personas sindicadas de hechos armados en Cobán.

A criterio de Francisco Garcí­a Gudiel, abogado defensor de varias personas señaladas de pertenecer a esa organización criminal, existe irresponsabilidad de las fuerzas de seguridad al sindicar a sus defendidos «de pertenecer a tal o cual grupo criminal sin tener los indicios mí­nimos», dice.

«La Fiscalí­a intenta convencer a los jueces con los reportes de los medios de comunicación que reproducí­an las declaraciones de la PNC respecto a que estas personas pertenecí­an a los Zetas», ejemplifica el abogado.

El jurista insiste en que existe estigmatizaron de las instituciones y «excesiva» irresponsabilidad de los funcionarios que dirigen esas instancias, Ministerio de Gobernación y PNC.

ANíLISIS

Javier Monterroso, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opinó que para que una persona quede sometida a prisión preventiva tienen que darse tres circunstancias: indicios de que haya participado en hecho, peligro de fuga y obstaculización de la verdad, indicó; aunque añadió que es necesario analizar cada caso por separado.

Sin embargo, el experto en temas jurí­dicos, indicó que existen etapas en las que el sistema penal y policial encuentra un enemigo especí­fico: «se da con los comunistas, se ha dado con las pandillas y meses atrás se dio con los Zetas», ejemplificó el jurista, quien, además, explica que ello se genera para que el propio sistema se justifique.

«La PNC permanentemente habla de capturas, pero a la hora de presentar pruebas que vinculen a alguien con algún hecho criminal, no las hay», declaró Monterroso y agregó que las estadí­sticas del IECP indican que el 70 por ciento de capturas son por delitos de bagatela.

«Cada vez que el Juez saca a alguien de prisión, se convierte en un fracaso para todo el sistema y se gastan recursos de policí­as, jueces y fiscales que podrí­an ser utilizados en fortalecer la investigación criminal: se debe investigar para detener y no al contrario», indica Monterroso.

LIBERTADES

En junio último, el juzgado de Primera Instancia de Cobán ordenó la libertad de cuatro presuntos Zetas capturados tras un enfrentamiento armado con la PNC a lo largo de cinco municipios.

Los favorecidos con esa medida sustitutiva fueron: Marlon Leonel Martí­nez Cabrera, Domingo Chub Ical, Jonathan Alexander Sical Cardona y Herman Francisco Muralles Jerez, ligados a proceso por los delitos de resistencia y traslado de municiones. Estos pagaron una fianza de Q5 mil.

Los sindicados fueron capturados el 5 de marzo en Huehuetenango en varios enfrentamientos simultáneos con la PNC, los cuales dejaron como saldo a 4 personas muertas, 10 capturas, 6 personas heridas y 7 vehí­culos semidestruidos.

El 7 de agosto último, el tribunal de Sentencia de Puerto Barrios, dejó en libertad a tres presuntos Zetas vinculados con Byron Vargas, supuesto lí­der de esa organización en la mencionada región.

La resolución del Tribunal benefició a Rodrigo Orellana Recinos, de 38 años, Selvin Galindo Choc Sam, de 31 y Ricardo Quin Guitz, de 30; quienes estaban por enfrentar juicio por los delitos de portación ilegal de armas de fuego y atentado.

Sin embargo, los jueces de Puerto Barrios sólo ordenaron arresto domiciliario y la prohibición de abandonar el paí­s para los sindicados, no les impusieron ninguna fianza para que recuperaran su libertad.

Los supuestos Zetas fueron aprehendidos el 15 de febrero último en el kilómetro 275 de la ruta que de Rí­o Dulce conduce hacia el Castillo de San Felipe con dos vehí­culos y un arsenal consistente en cuatro fusiles AR-15, ocho pistolas calibre 40 mm y 330 cartuchos útiles.