«La OEA ha pedido 72 horas y estamos dispuestos a apoyar esa decisión», dijo Zelaya en conferencia de prensa en Washington, luego de una reunión del organismo continental que se prolongó toda la noche.
La resolución de la OEA sostuvo que Zelaya «es el presidente constitucional de Honduras» y exigió en un plazo de 72 horas «la restauración inmediata, segura e incondicional del presidente a sus funciones».
Zelaya tiene previsto regresar a Honduras en compañía del secretario de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, y los presidentes Cristina Fernández, de Argentina, y Rafael Correa, de Ecuador.
El gobierno de facto hondureño ha sentenciado que Zelaya será capturado una vez llegue a ese territorio.
Hoy, Zelaya viajará a Panamá para presenciar la toma de posesión del derechista Ricardo Martinelli, ganador de las elecciones presidenciales, lo cual genera expectativa si se da el caso de que el gobierno golpista enviará a algún representante, para el evento donde se congregará la comunidad internacional que le ha dado la espalda a las nuevas autoridades del país centroamericano.
ACTIVIDADES MILITARES
Estados Unidos suspendió todas sus actividades militares con Honduras hasta nuevo aviso, dijo un portavoz del Pentágono este miércoles, días después de que el presidente hondureño Manuel Zelaya fuera sacado del poder por militares con anuencia del Congreso.
«Hemos suspendido nuestras actividades militares con las fuerzas armadas de Honduras el tiempo necesario para estudiar la situación», dijo el portavoz del Pentágono, Bryan Whitman.
Militares estadounidenses están estacionados en Honduras en la base aérea de Soto Cano, a 80 km de la capital Tegucigalpa.
La «Joint Task Force Bravo desplegada bajo autoridad del comando militar estadounidense Sur, «organiza ejercicios multilaterales, provee asistencia cívica y humanitaria, lleva a cabo operaciones de lucha antidroga y de ayuda en América Central», según su sitio en internet.
En los años 1980, Washington utilizó a Honduras, un país pobre de 7,5 millones de habitantes, como base contra la guerrilla en América Central.
El presidente estadounidense Barack Obama estimó el lunes que el golpe de Estado no era legal y que, para él, Zelaya seguía siendo el presidente de Honduras.
El aislamiento internacional de Honduras se reforzaba el miércoles.
La Asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) lanzó en Washington un ultimátum que amenazaba con excluir a Honduras si Zelaya no era restablecido a sus funciones «en 72 horas».
POSESIí“N
Zelaya, derrocado el domingo llegó hoy a Panamá para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente Ricardo Martinelli, informó el embajador hondureño en Panamá, Juan Alfaro.
Zelaya «ha llegado al aeropuerto internacional de Tocumen pasadas las 10 de la mañana y se dirige al centro de convenciones Atrapa», donde se desarrollarán los actos de traspaso del mando presidencial panameño, dijo el embajador.
Zelaya llegó junto al canciller venezolano, Nicolás Maduro, y a la canciller de su gobierno, Patricia Rodas, agregó.
La comunidad internacional cierra el cerco a Honduras: mientras Naciones Unidas condena el golpe y pide la restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya, los organismos financieros internacionales congelan los préstamos al pequeño país centroamericano, altamente vulnerable a los desastres naturales y la crisis económica.
La Asamblea General de Naciones Unidas, en cuya tribuna el presidente depuesto defendió su causa, aprobó una resolución por unanimidad en la que condena el golpe y pide que se le restituya en su cargo, del que fue expulsado por un golpe el pasado domingo.
Mientras tanto, los organismos financieros como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), anunciaron que suspenderán los préstamos y desembolsos al país centroamericano.
Roberto Micheletti, el nuevo presidente designado por el Congreso Nacional, aseguró en la noche del martes en cadena nacional que ante el bloqueo de los organismos internacionales, se garantizarán 20 millones de lempiras (1,1 millones de dólares) para luchar contra la gripe A (H1N1) y otros 30 millones (1,6 millones de dólares) para la prevención de las inundaciones.
La respuesta contundente de la comunidad internacional no ha hecho cambiar un ápice la voluntad de las autoridades hondureñas.
El fiscal general, Luis Alberto Rubí, anunció el martes una orden de captura internacional contra Zelaya, al que acusa de 18 delitos, entre ellos, traición a la patria, abuso de autoridad y corrupción.
Rubí advirtió que «inmediatamente» que Zelaya ponga un pie en el país será detenido.
El presidente depuesto, que este miércoles tiene previsto ir a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, ha anunciado que el jueves regresará al país, acompañado por el secretario general de la misma, José Miguel Insulza, y por la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, entre otros.
«El problema más difícil es cómo evitar un aislamiento total y convertirnos en un país paria», dijo a la AFP el analista y director del Movimiento Consenso Ciudadano, Efraín Díaz.
«La comunidad internacional tiene que agotar determinados pasos antes de aislarnos», sostuvo antes de agregar que la visita de Insulza sería «inapropiada» y «más que ayudar, agravaría más el problema».
Tanto partidos políticos, como empresarios, medios de comunicación y buena parte de la población están en contra del retorno de Zelaya y aprueban su expulsión del gobierno y del país, el domingo, por las fuerzas armadas, cumpliendo una orden judicial apoyada por el Congreso Nacional.
Desoyendo a la justicia que la había declarado ilegal, Zelaya estaba determinado a realizar ese día una consulta popular cuyo fin último era reformar la Constitución para que incluya la reelección presidencial.
En la multitudinaria manifestación que realizaron el martes sus detractores en Tegucigalpa, abundaron los gritos de «Â¡que no vuelva, que no vuelva!» y los vítores al jefe del Estado Mayor conjunto, Romeo Vásquez, a quien destituyó Zelaya el pasado miércoles por resistirse a distribuir el material electoral para la consulta, y a su reemplazante Roberto Micheletti, de su propio partido.
Micheletti, que siempre ha asegurado que su destitución no fue un golpe de Estado sino una sucesión legal, aseguró que se mantiene el calendario electoral para el 29 de noviembre y la entrega del poder al presidente electo el 27 de enero.
Para este miércoles están planeadas nuevas manifestaciones tanto a favor como en contra de Zelaya.
Los seguidores del presidente depuesto, que volvieron a las inmediaciones de la Casa Presidencial a pedir su restitución, se quejaron el martes de que los militares bloquearon decenas de buses cargados de personas que venían de todo el país a la capital a demostrarle su apoyo.