El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, fustigó a su rival Roberto Micheletti por querer establecer el gobierno de unidad nacional mientras él no sea restituido, al tiempo que la Comisión de Verificación del acuerdo sellado entre ambos empezaba hoy sus trabajos.
Micheletti le envió una carta, a través de su ministro de la Presidencia, Rafel Pineda Ponce, solicitándole «sin demora, una lista de diez ciudadanos con requisitos establecidos en la Constitución de la República, para dentro de ellos hacer la escogencia de los servidores públicos que, a partir del 6 de noviembre, habrán de integrar el gobierno de unidad y reconciliación nacional».
Zelaya, refugiado en la embajada de Brasil desde el pasado 21 de septiembre, consideró esta primera misiva de su compañero del Partido Liberal (PL, derecha) y rival como una «agresión».
Es «una agresión, una ofensa del punto de vista de que en el acuerdo no se establece en esa forma» la integración del gobierno de unidad y conciliación, dijo Zelaya al Canal 11 de la televisión local en la noche del martes.
«Es un acto irreflexivo estar solicitando esto antes que (lo solicite) la Comisión de Verificación» que quedó establecida el martes, señaló Zelaya.
La constitución de un gobierno de unidad nacional, que debería estar presidido por Zelaya, es uno de los puntos que prevé el Acuerdo Tegucigalpa/San José Diálogo de Guaymuras, alcanzado por las delegaciones de éste y de Micheletti el pasado viernes.
Dicho acuerdo prevé que este gobierno, elegido por ambos, quede constituido este jueves, pero todo hace suponer que Zelaya no lo podrá presidir ya que el Congreso está dilatando la votación sobre su restitución.
La directiva del Congreso decidió la víspera pedir un parecer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como a otras tres instituciones, sobre la eventual restitución de Zelaya, lo que previsiblemente demorará la votación en el plenario por los 128 diputados ya que no hay plazos establecidos.
Lo que no contempla el acuerdo es qué pasaría si la decisión de los legisladores llegara después de las elecciones del 29 de noviembre o fuera contraria al regreso de Zelaya al poder, del que fue depuesto por el golpe de Estado del 28 de junio.
Al tiempo que se despeja la incógnita, la Comisión de Verificación constituida el martes por la tarde, ya ha empezado a trabajar para tratar de conseguir que se cumpla el acuerdo.
«Ojalá podamos poner todos los esfuerzos para sacar adelante el acuerdo que se ha suscrito por los hondureños y hondureñas» y «trabajar en pro de la reconciliación, del entendimiento de todos los sectores», dijo el ex presidente chileno, Ricardo Lagos, que junto a la secretaria de Trabajo estadounidense, Hilda Solís, integra la comisión supervisada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los otros dos miembros de dicha Comisión, encargada de velar por el cumplimiento del acuerdo, son Jorge Arturo Reina, en representación de Zelaya, y Arturo Corrales por el gobierno de facto.
Este miércoles, la Comisión de Verificación tiene previsto ofrecer una rueda de prensa.
Por otra parte, el gobierno de facto sigue siendo acusado de violar los derechos humanos, por lo que la comunidad internacional debe permanecer vigilante, alertaron desde Washington el martes varias ONG ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Se llegó a un acuerdo para la reconciliación, y ello ha provocado que buena parte de la comunidad internacional deje de prestar atención a lo que está ocurriendo» en Honduras, advirtió Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por su sigla en inglés).
Entretanto, Zelaya pidió a la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton que aclare si le quitó el apoyo y si «la posición de su país ha sido modificada o cambiada sobre la condena al golpe de Estado en Honduras»..
En una carta enviada el martes a Clinton, de la que la AFP obtuvo una copia, Zelaya le pide que aclare si, como afirmó el subsecretario Thomas Shannon, se reconocerán las elecciones aunque él no sea restituido en el cargo.
Los representantes de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua en la OEA denunciaron hoy «tácticas dilatorias» del gobierno de facto de Honduras y advirtieron que no legitimarán las elecciones del 29 de noviembre si antes no es restituido Manuel Zelaya.
Mientras, el representante alterno de Estados Unidos, Robert Armstrong, pidió paciencia y confiar en la comisión de verificación del acuerdo alcanzado entre Zelaya y el presidente de facto Roberto Micheletti, que se instaló en Tegucigalpa ayer.
«Lo que hemos visto en los últimos días es que el gobierno de facto continúa adoptando tácticas dilatorias. Temo que los representantes del régimen de facto no actúan de buena fe», dijo el brasileño Ruy Casaes, durante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Estamos bajo los efectos de la resaca de la fiesta» por la firma el jueves del acuerdo entre Zelaya y Micheletti, que prevé la restitución en el cargo del primero, tras la aprobación del Congreso, dijo el venezolano Roy Chaderton.
«Desafortunadamente las noticias no son tan buenas como habríamos querido en nuestro estallido de optimismo», ironizó Chaderton, quien en una reunión que la OEA celebró tras la firma del acuerdo, pidió no festejar hasta tanto Zelaya no estuviera de nuevo en la presidencia.
El Congreso hondureño decidió el martes consultar a la Corte Suprema y a otras instituciones sobre la restitución de Zelaya, lo que posterga una decisión del legislativo.
«La secretaría general de la OEA debería estar alerta y promover alguna acción que termine con este clima de inacción», reclamó el representante de Ecuador, Francisco Proaño.
Casaes reiteró que el gobierno de Brasil no reconocerá los resultados de las elecciones si antes no es restituido Zelaya, derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio, lo cual fue imitado por los representantes de los otros países que criticaron al régimen de facto.
«Dejemos que la comisión de verificación haga su trabajo», pidió el estadounidense Armstrong.
Los militares hondureños prometieron hoy dar seguridad a las elecciones del 29 de noviembre, ante las amenazas de los seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya de boicotearlas si éste no es restituido antes en el cargo.
«Hemos coordinado con la Policía Nacional, nosotros tenemos 20.000 efectivos, más la Policía (14.000) para que el pueblo se sienta seguro», advirtió el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, en declaraciones a radio América.
Los zelayistas miembros del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado del 28 de junio han anunciado que se organizan a nivel de los 298 municipios de los 18 departamentos del país para boicotear las elecciones si Zelaya no es reintegrado antes en el poder.
«No tenemos dudas en que vamos a ser firmes en el cumplimiento de la misma y vamos a poner todos nuestros recursos logísticos y humanos a disposición del Tribunal Supremo Electoral» (TSE), subrayó el militar.