«Esperamos que en las próximas horas no sólo la declaratoria de golpe de Estado del Departamento de Estado, sino (que también la condena) contra la violación de los derechos humanos sean totalmente contundentes y evidentes», indicó Zelaya en un evento en la Universidad George Washington en la capital estadounidense.
Estados Unidos ha señalado que se mantiene estudiando cuidadosamente si califica de golpe de Estado militar al derrocamiento y exilio de Zelaya, ya que eso acarrearía la toma de decisiones diplomáticas, como la suspensión de toda ayuda.
Zelaya insistió en que en el gobierno del presidente Barack Obama puede hacer «otras cosas» para presionar al régimen de facto en Honduras.
También le planteará la situación «inaudita» de la violación de derechos humanos en Honduras, que recordó ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otros grupos.
Washington ya tomó medidas como la cancelación de la entrega de visas en Honduras para los no inmigrantes y la ayuda militar, pero mantiene la ayuda civil, que supera los 100 millones de dólares.
Estados Unidos busca que el régimen de facto acepte el llamado Acuerdo de San José producto de un proceso de mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que prevé el retorno al poder de Zelaya, entre otros puntos.
«Hay un reto para la administración Obama, (ya que) su propuesta de mediación y el documento para buscar una solución» no es aceptado por «el pequeño grupo de insurrectos golpistas en Honduras (…) y se burla de la comunidad internacional y de la propia administración de Estados Unidos», dijo Zelaya.
El mandatario derrocado afirmó que «hasta este momento el 90% de los países (del continente) se ha manifestado de la siguiente manera: no van a reconocer un gobierno surgido de unas elecciones (previstas para noviembre) dirigidas por un golpe de Estado».
Zelaya, que llegó por quinta vez a Washington el lunes desde que fue derrocado, señaló ayer tras asistir a una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que recibió garantías de los países miembros de que no reconocerán las elecciones.
El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez, desmintió haber recibido unos 4,5 millones de dólares del depuesto presidente Manuel Zelaya, para que el ejército ayudara en la realización de una encuesta nacional.
«Nosotros no manejamos efectivo, dentro de las Fuerzas Armadas tenemos un sistema de transparencia financiera, que establece que todos los recursos que entran a la institución ingresan por el SIAFI (sistema de administración financiera del ministerio de Defensa)», señaló.
Zelaya dijo el lunes a una radioemisora local que había transferido «en efectivo» unos 90 millones de lempiras (4,5 millones de dólares) a los militares con el propósito de que distribuyeran las papeletas para una encuesta el 28 de junio pasado, la que no se llevó a cabo por el golpe de Estado de ese mismo día.
Con la encuesta, Zelaya pretendía consultar a la población sobre la conveniencia de abrir o no una «cuarta urna» en las elecciones del 29 de noviembre próximo, para llamar a una Asamblea Constituyente.
El defenestrado presidente dijo que, una vez que recibieron el dinero, los militares se negaron a participar en el proceso y no devolvieron los recursos.
«No hemos recibido nada debajo de la mesa», dijo el jefe militar, aunque admitió que Zelaya hizo transferencias documentadas a las Fuerzas Armadas para programas de protección del bosque y para enfrentar desastres naturales, entre otros propósitos.