El presidente del ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a rechazar, por no respetar la legalidad, la propuesta que le presentó hoy el jefe del gobierno nacionalista del País Vasco para que la región decida su futuro político en dos referendos, que aseguró que no se celebrarán.
«El gobierno español no respalda» esta propuesta, reiteró Zapatero en conferencia de prensa tras un encuentro de más de dos horas en Madrid, y zanjó: «No se producirá ningún acto en este país que no respete las reglas democráticas».
El presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, que dijo encontrar a Zapatero «a la defensiva» a la hora de negociar la propuesta, buscaba el sí del mandatario para poner en marcha un plan en el que el País Vasco pueda ejercer su derecho a decidir y defina así su proyecto político.
La propuesta de Ibarretxe, miembro del Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado), se basa en que el gobierno español acepte las decisiones que tome la región sobre su futuro, en reconocer la identidad nacional de los vascos y de la llamada Euskal Herria –que incluiría el actual País Vasco, Navarra (norte) y el País Vasco francés– y en crear un órgano institucional común para el País Vasco y la región de Navarra.
Este plan, que según Ibarretxe contribuiría a la «paz» en el País Vasco, lo avalarían dos referendos regionales, uno en octubre de este año para autorizar la negociación a los partidos vascos y otro en 2010 para aprobar el plan.
El presidente vasco, que en 2005 presentó una propuesta parecida que fue rechazada por el Congreso español de los Diputados, invocó las iniciativas del mismo estilo hechas en Escocia (Reino Unido), Flandes y Valonia (Bélgica) y el Quebec canadiense.
El presidente del gobierno español dejó claro que no apoya la propuesta porque «no aúna a la inmensa mayoría de los vascos» y «además no respeta los procedimientos democráticos».
El gobierno considera este proyecto anticonstitucional, ya que la carta magna española no contempla la celebración de este tipo de referendos regionales.
Las leyes españolas contemplan que este proyecto se presente primero en el parlamento regional vasco, y de aprobarse, se votara posteriormente en las cámaras españolas.