El comisionado para el Desarrollo Rural Integral, Adrián Zapata, en entrevista con Diario La Hora, explica la visión del gobierno en cuanto al impulso a ese tipo de desarrollo para el país, que se vislumbra como el desarrollo humano de la población del área rural. Además, destaca las bondades potenciales de la combinación de esfuerzos vigentes, pero dispersos hasta el momento, que se busca articular mediante la estrategia de las “dos puertas” para superar el rezago rural de Guatemala.

¿Cuál es la situación agraria del país actualmente?
Más que la situación agraria, en general, la situación de desarrollo rural del país es sumamente deficitaria. Es uno de los principales problemas de Guatemala. En un país como el nuestro, hablar de desarrollo rural es en gran medida hablar de desarrollo nacional. Y los indicadores son suficientes como para darse cuenta de que hay ausencia de desarrollo rural. Y lo que prevalece es la pobreza, la pobreza extrema y la exclusión.
El desarrollo rural es el desarrollo humano de las poblaciones que habitan en esos territorios. Más allá de las cifras macroeconómicas, usted va a decidir si hay desarrollo humano o no, a partir del desarrollo humano que tengan esas poblaciones.
Cuando en Guatemala, todavía más del cincuenta por ciento de la población vive en territorios rurales, y de esa población setenta por ciento está en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión, obviamente el desarrollo rural es absolutamente deficitario.

¿Qué tanto ha cambiado la situación agraria en los últimos 60 años?
No se ha modificado sustancialmente. Si no, los índices de desarrollo humano de esa población se hubieran modificado. Creo que hasta ahora, no ha habido una política pública capaz de impactar sustancialmente el desarrollo rural del país en términos positivos.

¿Qué se debe entender por desarrollo rural integral?
Lo sustancial es que los habitantes de los territorios rurales deben tener un desarrollo humano integral. Eso implica todos los elementos que componen la vida de una persona. No hay desarrollo humano solo en uno u otro aspecto. No es nada más educación, salud, producción. Tiene que haber una visión integral. La persona humana es una y por lo tanto su desarrollo son aspectos materiales, culturales, espirituales, sociales. Es una dimensión de la integralidad.
Cuando se habla de intervención del Estado vía política pública, la acción de integralidad está relacionada con que las distintas intervenciones tienen que estar adecuadamente combinadas y coherentes, para que el resultado sea una intervención articulada. El resultado sería una política de desarrollo rural articulada y por lo tanto un desarrollo rural integral.

¿Qué programas se desarrollan e impulsarán y con apoyo de cuáles entidades para lograr el despegue del desarrollo rural?
Los tres elementos que inspiran la estrategia de este gobierno son el desarrollo rural como un eje priorizado del programa de gobierno; el Pacto Hambre Cero que este gobierno impulsa y la propuesta de las universidades.

El pacto contra el hambre, que pretende ser una sombrilla que permita aglutinar todos los esfuerzos posibles para combatir el hambre y la desnutrición, pretende combatir no solo las causas inmediatas, sino también las causas más de fondo.
 
¿Cuáles es la diferencia entre ambas causas?
Las inmediatas son intervenciones urgentes: llevar al niño a control, micronutrientes, etc, pero para que los avances en combatir el hambre y la desnutrición sean sostenibles, se tienen que enfrentar las causas más de fondo, que están relacionadas con la pobreza.
Si no se enfrenta la pobreza, se van a tener que estar combatiendo las causas inmediatas permanentemente. No va haber sostenibilidad. La pobreza se combate con desarrollo. No hay extravío. Y en Guatemala, aunque no absolutamente, la pobreza es sustancialmente rural y se combate con desarrollo; entonces resulta fundamental el desarrollo rural integral.
El Pacto Hambre Cero conlleva una trilogía: lucha contra el hambre y la desnutrición, lucha contra la pobreza y lucha por el desarrollo rural integral.

¿Qué plantearon las universidades?
Las universidades San Carlos y Rafael Landívar, presentaron una propuesta que planteaba que uno de los temas fundamentales era sin duda el desarrollo rural para el país, pero que era un tema de tal nivel de complejidad y profundidad, que se requieren acuerdos nacionales para enfrentarlo.
El problema es que alrededor del desarrollo rural hay visiones contradictorias que están polarizadas. Una de esas es casi absolutamente empresarial, que pretende ver el desarrollo rural a partir de que las actividades económicas que tienen lugar en los territorios rurales se puedan insertar competitivamente en los mercados, principalmente en la economía mundial. Y otra visión que considera que el desarrollo rural tiene que ver más con la promoción de las actividades productivas a las que se dedica la población que ya habita en esos territorios.
Es decir, una visión más hacia los mercados externos o nacionales en general y otra visión hacia los mercados internos, locales inclusive.
Las universidades le plantearon al Presidente electo que hiciera un abordaje del desarrollo rural buscando las intersecciones entre los dos modelos, de tal manera que se pudieran lograr acuerdos. Esas intersecciones son aquellas líneas de intervención de uno y otro modelo que se pueden impulsar paralelamente, sin que necesariamente sean contradictorias.
Se plantearon dos temas: el de la inversión privada en los territorios rurales y el de economía campesina.
Esos son los tres elementos –plan de gobierno, Pacto Hambre Cero y propuesta de universidades- que inspiran la estrategia de este gobierno y han dado como resultado que se formule lo que llamamos la estrategia de las “Dos Puertas”.

¿A qué exactamente se refiere la estrategia de las “Dos Puertas”?
Es precisamente la promoción de la inversión privada en territorios rurales y la promoción de lo que denominamos economía campesina. Consideramos que las dos cosas se pueden hacer paralelamente, de tal manera que visiones y planteamientos opuestos y polarizados puedan despolarizarse y que se puedan impulsar.
Las “Dos Puertas” tienen resultados parciales hasta ahora. Nosotros creemos que eso se debe articular, pero cada una tiene un producto diferente. El gran propósito es que no sean excluyentes. Y en eso la práctica dirá si estamos en lo correcto.
El Presidente formó sendas comisiones a nivel de ministros y secretarios de Estado; una para tratar el tema de promoción de inversión privada en territorios rurales y otra para promoción de economía campesina. Y me asignó la responsabilidad de coordinarlas.
Una puerta, que es la promoción de la inversión privada, ya tiene un producto, que es un Marco General de Política para la Promoción de Inversión Privada en Territorios Rurales, hecha por la comisión, que plantea que sin duda es necesaria la inversión privada para el desarrollo de los territorios rurales, sea nacional o extranjera, pero que hay que fijar un marco general que defina cuál es la inversión que necesitamos, que es necesaria y posible.
La idea es que analicemos las diferentes actividades productivas que desarrollaría la inversión privada de cara a este marco general de política. Debería ser el marco que define qué inversiones privadas hay que promover en Guatemala.
La otra es la puerta de la economía campesina. Se parte del supuesto de que, aunque la inversión privada es necesaria, hay que ser realistas: ¿con la cantidad de población en territorios rurales, qué magnitud de inversión privada se requeriría para poderle dar empleo a toda la población? Realistamente, yo creo que no estamos en condiciones de tener una inversión que pueda producir empleo para toda la población que además está en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Entonces, hagamos eso: promovamos inversión que produzca empleo, pero tengamos claridad de que esto no llegue demasiado lejos. Mientras más lejos llegue, mejor. Pero no sobredimensionemos las posibilidades que tiene de producir empleo para resolver las necesidades de la población. Entonces nos quedan otros ámbitos que hay que desarrollar: el emprendimiento rural, la micro, pequeña y mediana empresa. Eso también hay que promoverlo. Pero en Centroamérica el índice de mortalidad de esas empresas es del 92 por ciento.
Eso quiere decir que está bien, promovamos todo ese emprendimiento, pero no sobredimensionemos sus posibilidades reales de impacto.
Está también la economía campesina, que es un elemento de identidad y la definimos como una economía poliactiva, porque desarrolla diferentes actividades productivas, no solo las agrícolas, aunque en la realidad nacional sigue siendo la columna vertebral.
Además, tiene una estructura de producción familiar. A este tipo de economía se dedica la inmensa mayoría de población que habita los territorios rurales. Y a pesar de esa poliactividad, no rebasa las condiciones de infrasubsistencia. Y no va salir de esas condiciones vía mecanismos de mercado. Hace falta una intervención decidida del Estado que tendría como objetivo promover esa economía, pero no para reproducir las condiciones de infrasubsistencia, sino para jalar esa economía a condiciones de ser excedentaria y empujarla para que llegue hasta donde pueda.
En esa otra grada, entonces sí estará en condiciones de aprovechar los mecanismos de mercado.

¿A qué se refiere cuando dice “intervención decidida del Estado”?
La decisión que tomamos fue activar y adecuar la Política de Desarrollo Rural Integral que fue consensuada durante el gobierno anterior y las organizaciones campesinas y sus aliados, que está vigente en el decreto gubernativo 196-2009 y que el movimiento campesino en su conjunto, más allá de sus múltiples divisiones, tiene como denominador común que la reivindican.
La realidad es que esa política, aunque la acordó el gobierno anterior con las organizaciones campesinas, nunca la implementó. Por eso planteamos activarla y adecuarla, a través de una ventana que es la economía campesina. Adecuarla, porque así como fue acordada, no puede impulsarse. Hay que darle viabilidad jurídica, política y técnica, por eso hay que hacerle algunas readecuaciones.
Por eso, la segunda comisión produjo el Plan para Activar y Adecuar la Política de Desarrollo Rural Integral. Es una política multisectorial, es decir, contiene diversas políticas.
Nosotros estamos pensando en una intervención del Estado alrededor de cuatro aglutinamientos de política pública: políticas de construcción de infraestructura, es decir, caminos rurales, agua y saneamiento, escuelas y centros de salud. La segunda son los programas de protección social, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. La tercera, políticas económico-productivas (los tres niveles: inversión privada, emprendimiento rural y promoción de economía campesina). El cuarto rubro es la política agraria con acceso, regularización y atención a conflictividad.
La economía campesina está ubicada en esa visión integral. No estamos diciendo que el país se va desarrollar a partir de la economía campesina. Seríamos ilusos si lo estuviéramos planteando así. Ningún país en el mundo se ha desarrollado sobre la base de la economía campesina, pero tampoco con los niveles de pobreza y exclusión que tenemos. Salir de esos niveles de exclusión y pobreza es requisito fundamental y esencial del desarrollo.
Este planteamiento es una vía de escape de la pobreza y dinamiza la economía de los territorios rurales. Hay que asumir a esa población que se dedica a la economía campesina no solo como objeto de política social, también hay que asumirlo como sujeto económico capaz de producir riqueza y por lo tanto desarrollo.
Esto implica romper paradigmas. Es decir, no solo encerrarse en inversión que produzca empleo. Solo pequeña y mediana empresa. Solo la vía campesina. No. La idea es recurrir a todas la iniciativas posibles que permitan sacar de la pobreza a la gran mayoría de la población rural.

¿Cómo lograr que los empresarios del agro comprendan que el desarrollo rural integral es una herramienta para reducir la pobreza y extrema pobreza y alcanzar el desarrollo como usted lo explica?
El paradigma no es solo del empresariado rural sino en general del empresariado guatemalteco. Felipe González (expresidente de España), en una conferencia en Guatemala, decía muy claro que él logró vender la idea de la lucha contra la pobreza a los empresarios españoles con el argumento de que la pobreza es un mal negocio, no beneficia a nadie. Es más, que se salga de la pobreza, que no haya pobres o que haya la menor cantidad posible es un buen negocio. Esa visión estratégica es la que debe tener el sector empresarial. Y puede haber avances en esa dirección. Entender que salir de la pobreza nos beneficia a todos, incluyendo a quienes hacen negocios.

¿Cómo aterriza la política de economía campesina?
Ya ha iniciado dos aterrizajes concretos, entre otros muchos. El primero, es el esfuerzo de la Secretaría de Asuntos Agrarios para reformular la política agraria en el país, principalmente el acceso a la tierra, porque la economía campesina requiere de una política agraria que la sustente.
Esto ha causado cierto escozor en algunos sectores muy conservadores. Pero la instrucción del Presidente es precisa y se hará el esfuerzo de reformular la política agraria, pero respetando escrupulosamente el marco constitucional vigente. Entonces deberían quitarse los pánicos que a veces caracterizan injustificadamente a algunos sectores conservadores.
El tema es que se entienda “tierra” como un activo productivo entre otros muchos. Porque si solo se tiene una política de acceso a la tierra limitada a repartirla y además vía préstamos, lo que va suceder es que el beneficiario de esa política de reparto va a seguir siendo tan pobre como antes, pero además endeudado.
El reparto de tierra por sí mismo es reparto de pobreza. Hay que entender que la tierra es un activo productivo, igual que lo es el crédito, la asistencia técnica y el acceso a mercados.
Si se promueve acceso a la tierra debe hacerse como parte de una política agraria integral, que haga posible el acceso a ese y a otros activos, porque el objetivo es garantizar la sostenibilidad productiva de quienes acceden al activo tierra, y en el caso de Guatemala agregando el elemento cultural, porque para la población indígena y campesina la tierra no es solo un activo, también tiene connotación cultural que no puede ser ignorada.
El otro aterrizaje es el que se realiza desde el Ministerio de Agricultura, que está lanzando el Programa de Promoción de la Agricultura Familiar para fortalecer la Economía Campesina, que es asumir la parte agrícola de la poliactividad de la economía campesina, que se elaboró con el acompañamiento técnico de la FAO y se realiza en muchos países con gobierno de izquierda o derecha.

¿En qué consiste ese programa?
Básicamente en reconstruir el sistema nacional de extensión agrícola que antes había en el MAGA, que fruto de las políticas neoliberales que se impulsaron principalmente en el gobierno de (Álvaro) Arzú, se desmanteló.

¿Cuál es el grado de apertura del gabinete de gobierno para tratar el desarrollo rural integral?
En los documentos elaborados están todos los ministros y secretarios con competencias en esas materias. No ha habido oposición explícita a nada de esto. Y lo que es fundamental, lo que me ha tocado hacer corresponde a las orientaciones que tengo del Presidente de la República.

¿Es necesaria la aprobación de la iniciativa de Ley 4084, Desarrollo Rural Integral, para un país como Guatemala?
Esta iniciativa fue presentada desde inicios del gobierno anterior. Cuenta con dictamen favorable de la comisión correspondiente. Pero nunca ha sido agendada para ser conocida por el Pleno del Congreso. Y se ha convertido en un ícono de polarización, porque las organizaciones campesinas y sus aliados han demandado que se apruebe tal como está. Y las organizaciones empresariales afirman que no falta una ley de desarrollo rural.
Este gobierno y particularmente el Presidente, ha considerado que es importante aprobar esa ley, pero sí creemos que hay que hacerle algunas adecuaciones para que tenga viabilidad jurídica, política y técnica.

¿Y eso por qué?
La 4084 fue negociada por el gobierno anterior sin la voluntad real de impulsarla ni promover su aprobación. Entonces no importaba lo que ahí se pusiera. Al final de cuentas lo que importaba era mantener tranquilos a los liderazgos del movimiento campesino y neutralizarlos en sus luchas.
Producto de esa actitud bastante irresponsable, es que la ley tiene bastantes elementos que hay que modificar para darle viabilidad. Pero esas modificaciones no deben cambiar los elementos sustanciales de la ley.
Por ello, el Presidente del Congreso le asignó al presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Oliverio García, que hiciera convocatoria para que los interesados se pronunciaran. Ahora, lo que sabemos, es que la Comisión ya está en condiciones de hacer una propuesta con modificaciones para que sea viable.
Para el impulso de toda la visión estratégica que tenemos es fundamental la aprobación de la 4084, por su contenido y la institucionalidad que establece, porque crea el Ministerio de Desarrollo Rural, el Gabinete de Desarrollo Rural y el Consejo de Participación y Auditoría Social.

¿Cuáles serían los resultados que se esperarían para el Desarrollo Rural Integral en este período?
El desarrollo rural es un tema de acumulación histórica. Por lo tanto, no se pueden esperar resultados inmediatos. Lo que hay que garantizar es una política integral en los términos que referí. No una política de gobierno sino de Estado. Que se garantice que esta política va a tener continuidad sin importar el gobierno que eventualmente ejerza el poder político, porque son procesos a mediano y largo plazo.
En términos de coyuntura hay por lo menos dos elementos críticos que definirán si es viable iniciar su impulso con seriedad en el corto plazo: la aprobación de la 4084 y la referencia presupuestaria de lo que estamos planteando.