A propósito de la polémica sobre la despenalización de las drogas, avivada porque Pérez Molina se convirtió en el primer Presidente en ejercicio del cargo que aborda el tema desde que Nixon inició la lucha antinarcótica que ha dado tan pobres resultados, mi cuñado, el arquitecto José Carlos Pérez, me envió el libro “La Cosa Nostra en México” en el que se relata el incidente diplomático que hubo en 1940 cuando en las postrimerías del gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno mexicano emitió un Reglamento Federal de Toxicomanía.

El mismo otorgaba al Gobierno mexicano el monopolio de la venta de narcóticos, los que se venderían con receta a los adictos para evitar que dependieran de los traficantes que en ese tiempo no eran ni remotamente tan importantes y poderosos como llegaron a ser. El Reglamento en cuestión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 1940, según apunta Juan Alberto Zedillo, autor del libro, había sido presentado previamente a los Estados Unidos con el argumento de que era imposible enfrentar el problema del tráfico ilícito por la corrupción de la Policía y la influencia creciente de los traficantes. Cárdenas se dejó llevar por los consejos del doctor Leopoldo Salazar Viniegra, quien había sido nombrado director del Departamento de Salubridad Pública del gobierno federal.
 
 El doctor Salazar fue duramente atacado por funcionarios de Estados Unidos debido a su postura a favor del monopolio estatal para la venta de narcóticos de cualquier tipo. Se le acusó de haber proporcionado él mismo mariguana y otros estupefacientes a enfermos y que él mismo era un consumidor de la mariguana para demostrar que la hierba no provocaba los cambios de personalidad que se le atribuían. El caso es que Estados Unidos movió cielo y tierra para hacer que el Gobierno soberano de México diera marcha atrás, como efectivamente lo hizo, para dejar sin efecto el experimento. Previamente habían establecido un boicot de todas las empresas farmacéuticas para impedir que enviaran a México cualquier tipo de narcótico, desde la heroína a la morfina, lo que provocó serios problemas médicos porque no se podía atender a ningún paciente con fines puramente terapéuticos como se hace en cualquier lugar el mundo.
 
 El experimento duró muy poco y en julio del mismo año, cediendo a la enorme presión que no fue únicamente diplomática sino se llevó a todos los campos en que hizo falta, el Gobierno publicó en el mismo diario oficial la decisión de derogar el reglamento que le había dado el monopolio de la distribución y venta de cualquier producto narcótico.
 
 No tenía yo la menor idea de ese antecedente que es ilustrativo porque muchos de los argumentos que dieron paso al fin de la prohibición al licor en Estados Unidos fueron los que el doctor Salazar esgrimió para convencer a Cárdenas de la importancia de esa normalización del mercado de narcóticos, de manera que se le quitara la posibilidad a grupos mafiosos de enriquecerse con el negocio ilícito.
 
 Ahora, la Organización de Estados Americanos jugará el papel de congeladora para la propuesta de Pérez Molina, por lo menos hasta enero del año entrante en el que si Obama es reelecto, se pueda abrir un debate más serio sin las implicaciones electorales que tendría aceptar, de manera sencilla y humilde, que el narcotráfico está ganando la guerra liderada de mala manera por los Estados Unidos, pero librada con sus escasos recursos y por los países latinoamericanos que ponen los muertos en la desigual confrontación con el tremendo poder económico que significa para los carteles la insaciable demanda que hay en Norteamérica.