¿Qué hace un padre de familia serio y responsable al recibir la ingrata noticia que para el año entrante no podrá contar con el aumento de sueldo esperado? No le queda otro remedio que “apretarse el cincho” redoblando sus esfuerzos para racionalizar sus gastos hasta que los ingresos que efectivamente reciba le alcancen a cubrir su presupuesto, anticipando que también se verá afectado por el tradicional aumento inflacionario que constantemente ha estado afectando la economía nacional lo que repercute en que los productos y servicios esenciales sigan en constante ascenso.

Ahora bien, ¿cree el amable lector que los principios del actual gobierno puedan tener alguna similitud con esa misma responsabilidad a la hora de administrar los recursos económicos del país o seguirá demostrando ser peor copia de los antecesores?

    Me inclino por lo último y lo afirmo después de enterarme que hasta ahora el gobierno de Pérez Molina ha hecho 316 transferencias presupuestarias por el monto de Q14 mil 123 millones, lo que significa el 21 por ciento del total del presupuesto autorizado para el año 2013. ¿Qué no va a hacer ahora cuando el Congreso de la República no le autorizó el presupuesto propuesto para el 2014? Sin entrar en adivinanzas podemos adelantar que tanto el número de transferencias como los montos van a quintuplicarse fácilmente y lo digo sin entrar en exageraciones, pues la verdad es que de nada sirve que el Ejecutivo presente al Legislativo anualmente su  presupuesto para el año siguiente, puesto que la Ley que rige el mismo le permite al Ministerio de Finanzas hacer micos y pericos, haciendo transferencias a su sabor y antojo o como es costumbre, solo cumpliendo las órdenes superiores elaboradas con criterios puramente politiqueros, populistas o electoreros, que a la postre desvirtúan la razón básica del presupuesto.

    Sigo siendo del criterio que este relajo no puede seguir así. En esas condiciones, de país del tercer mundo vamos a pasar al octavo. De continuar manejando de esa manera las finanzas del Estado no hay presupuesto que aguante, tampoco los bolsillos de los contribuyentes soportan más exacciones y el endeudamiento constante nos puede llevar a la bancarrota, mientras los intereses personales de los políticos serán los únicos beneficiados con sus grandes negocios sufragados con fondos provenientes de los impuestos y contribuciones. ¿Está usted dispuesto a seguir viendo este desmadre? ¿No es hora de pararles la mano? La pregunta del millón es cómo hacerlo y nuevamente le invito a analizar que dentro del marco democrático no hay otra opción más que los ciudadanos, le entremos a reformar la Ley Electoral para que dentro de lo posible podamos estar bien  representados en el Congreso y así, pueda cumplir con el deber de fiscalizar las operaciones del Ejecutivo, las que cada vez resultan más insatisfactorias para lograr el bien común de los guatemaltecos. ¡De la unión nace la fuerza!