La crisis institucional de Guatemala no es un invento de nadie sino algo que salta a la vista simplemente cuando uno ve lo que ocurre en la prestación de servicios esenciales como seguridad, salud, educación y administración de justicia. Pero en las actuales circunstancias, cuando vemos literalmente que el país colapsa por el fuerte invierno que estamos sufriendo, no puede pasarse por alto que buena parte del daño es resultado de que esas mismas instituciones en crisis hicieron contratos corruptos con contratistas avorazados que se embolsaron el dinero público a cambio de obra que fue un auténtico mamarracho.
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Pero con lamentarnos de lo que nos ha hecho una clase política corrupta y un sector económico que le apostó ideológicamente a la reducción del Estado a la mínima expresión no ganamos nada. Lo que es imperativo es que en este momento de crisis, cuando todavía nos faltan semanas de intensas lluvias, los guatemaltecos con responsabilidad asumamos un esfuerzo por reconstruir nuestro país a partir del mismo Estado. Necesitamos urgentemente un pacto social entre los habitantes del país para actuar con la misma diligencia que mostramos en 1976 cuando el terremoto destruyó buena parte de Guatemala. Hoy estamos en presencia de las secuelas de un terremoto silencioso que a lo largo de muchos años fue destruyendo una a una todas las instituciones para dejar que el poder real lo ejercieran los grupos paralelos que lucran con la corrupción y el crimen organizado, mientras muchos en el resto de la sociedad se acostumbraron a jugar el juego de la corrupción.
Por supuesto que los políticos siempre nos dirán que no es cierto que la crisis institucional sea tan grave porque unos están en el zapotal hartándose de un sistema colapsado y otros quieren llegar a hacer exactamente lo mismo. Pero los ciudadanos que vemos el descalabro para donde volteamos la vista, estamos obligados a jugar un papel activo que nos lleve a estructurar un pacto social que le dé vida a una reingeniería del Estado para que pueda cumplir exactamente con los fines que le asigna la Constitución. No se trata de promover movimientos contra la Constitución sino que justamente hagan posible cumplir con sus postulados, empezando por la garantía a la vida y la seguridad de los habitantes de la República y la promoción del bien común.
En reciente entrevista publicada en La Hora, el presidente Colom dijo que no está de acuerdo con la visión de que tenemos un Estado fallido y lo mismo dirá cualquiera de los candidatos que están en liza porque, al fin y al cabo, no pueden justificar su participación si no es defendiendo el sistema actual. Pero la experiencia nos demuestra claramente que hay incapacidad de hacer que se cumplan los fines esenciales del Estado porque el colapso es brutal y marcado.
La forma en que se desmorona nuestra infraestructura no es únicamente consecuencia del invierno. Es resultado, fundamentalmente, de la construcción mal hecha porque se privilegia el negocio corrupto que deja llenos los bolsillos de funcionarios públicos y de empresarios inescrupulosos que se hartan con ganancias derivadas de trabajos de mala calidad. Y eso no va a cambiar a menos que los ciudadanos entendamos que el sistema está tan colapsado como nuestra infraestructura y que tiene que haber un cambio de mentalidad y de actitud. Hoy en día todo lo que se programe como reconstrucción estará marcado, sin duda alguna, por ese perverso sistema que no permite obra sin sobra.
No es vilipendiar la institucionalidad democrática, sino la farsa que nosotros vivimos y que algunos defienden y justifican. Esto que tenemos no tiene de democrático más que la concurrencia del ciudadano a las urnas cada cuatro años, para dar un cheque en blanco a un partido tan corrupto o más que el anterior y eso, señores, nada tiene que ver con democracia.