El 31 de enero de 1980, 37 campesinos que demandaban el cese de secuestros y violencia durante el conflicto armado interno, tomaron de forma pacífica la sede de la Embajada de España, para presionar al gobierno de turno, presidido por el general Romeo Lucas García. Luego de dos días de estar cercados por fuerzas gubernamentales, llegó la orden de retomar (muchos testigos afirman haber escuchado la orden de incinerar y no dejar sobrevivientes) la sede diplomática.
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Armados con granadas, cócteles molotov y revólveres, la Policía Nacional y la Policía Militar intentaron un asalto, el cual al ver que fracasaba, optaron por lanzar granadas y cócteles molotov, y cerrar de forma hermética cualquier salida a alguno de los ocupantes.
Solamente dos personas sobrevivieron, el embajador de esa época y un campesino que luego fue secuestrado y desaparecido mientras se recuperaba.
Hoy después de 29 años, familiares y amigos de las víctimas de esa masacre, conmemoran la impunidad y la falta de justicia de parte de los organismos de Estado, que debieran de fortalecer la paz y la justicia en el país.