En nuestro sistema jurídico durante los últimos 20 años, se han creado algunas instancias que favorecen a los niños; por ejemplo, los Juzgados de la Niñez y adolescencia; juzgados para menores en peligro de transgredir la ley, Sala de Apelaciones en materia de la niñez y alguna otra que por el momento no recuerdo.
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Sin embargo, en los Juzgados de Familia, sigue existiendo el inveterado problema de padres y madres en proceso de divorcio, de la utilización de los niños, sus hijos como pretexto, justificación o condicionamiento para lograr los objetivos que cada adulto persigue en un proceso judicial de tal naturaleza.
El hombre y la mujer, tienen capacidad económica para contratar los servicios profesionales de abogados que los representen, pero… y ¿quién es el abogado que representa los derechos de los niños? Porque los niños tienen derecho a tener papá y a tener mamá, aunque éstos se divorcien o separen; tienen derecho a ser visitados y a ser alimentados por sus progenitores; tienen derechos que ni papá ni mamá se los pueden negar o no quieran que ejercite el otro cónyuge, como un «castigo» a los problemas personales causados y vividos por los adultos en contienda.
Hace muchos años, por medio del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presentamos un proyecto de ley para la creación del Cí“DIGO DE FAMILIA, un instrumento que se hace necesario para regular los deberes y obligaciones que nacen del matrimonio, del divorcio, de la separación de hecho y de otras conductas derivadas de acciones jurídicas del entorno familiar tales como la adopción, reconocimiento de preñez y parto, tutela, interdicciones y otras más. Ese proyecto no fue considerado por los representantes del pueblo.
Un abogado que por ley tenga presencia jurídica, que sea parte en las audiencias conciliatorias de los divorcios ordinarios o de mutuo consentimiento y aun en los casos no previstos por la ley pero que ameriten la defensa de los derechos de los niños ante las posiciones intransigentes de los progenitores quienes obcecados en sus iras y pasiones no entienden que sus hijos también tienen derechos y que éstos no deben ser utilizados como recursos de presión.
Oj Alá que las actuales autoridades de la Usac retomaran el tema y que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Bufete Popular, Escuela de Trabajo Social y Escuela de Psicología estudiaran el asunto con fin de presentarlo como proyecto de ley, reforma de la Ley de Tribunales de Familia, reformas al Código Civil o bien en la propuesta del Cí“DIGO DE FAMILIA?
Para velar por los derechos de los niños y contribuir a subsanar ese vacío jurídico que tanto daño hace a la niñez guatemalteca, ¿qué tal si en esta labor contribuyeran también las universidades privadas? Algún día la niñez de hoy podría agradecérselos.-