El 9 de diciembre de 1986, el Congreso de la República emitió la «Ley Preliminar de Regionalización» que dividió el territorio nacional en ocho regiones. La idea fundamental de esta disposición fue facilitar el desarrollo económico y poner orden y racionalidad al gobierno del territorio.
Presidente OCG
Han pasado ya veintitrés años y no se ha avanzado en este tema de importancia nacional. En la Asociación de Orientación Cívica de Guatemala (OCG) hemos estado debatiendo las razones que sustentan poner de nuevo este tema en el debate nacional. Algunas de ellas son:
Hay crecimiento económico, pero no desarrollo social. No obstante, el crecimiento macro-económico sostenido del país, las condiciones sociales de amplios sectores de la población, lejos de resolverse se ha agravado, como lo evidencian los indicadores de desempleo, pobreza, pobreza extrema, con sus secuelas de delincuencia, y desnutrición infantil, por citar solo algunos.
Primero ordenar la casa. El sistema actual de división del territorio por departamentos es ineficiente y causa de desigualdades en la inversión pública y derroche de recursos públicos. No obedece a ningún criterio racional sino solamente a las luchas por el poder de los grupos oligárquicos del siglo XIX. La división del territorio en 22 departamentos no resiste ningún análisis técnico y puede calificarse de irracional y anticuado.
Una mejor administración. La administración pública esta llamada a ser un factor articulador de esas políticas. Puede y debe ser a la vez generadora y promotora de las acciones derivadas de un nuevo modelo de desarrollo nacional. La regionalización es una excelente estrategia.
Un nuevo modelo de desarrollo. La crisis económica internacional es otra condición que determina la pertinencia de un nuevo modelo de desarrollo integral del país. Supone unas estructuras más creativas y adaptadas a la globalización, así como preservar las fortalezas nacionales para un adecuado aprovechamiento del mercado y la demanda internacional de bienes y servicios.
Están implícitas en el proceso una gestión de gobierno más descentralizada y satisfactoria para la población, lo que implica presencia del Estado en la atención a las necesidades más sentidas de las comunidades -salud, educación, administración de justicia, seguridad- más desarrollo y profundización del poder local, y fundamentalmente equidad en el disfrute de los bienes del desarrollo integral.