La nueva mancha sobre la Policía Nacional Civil por la acusación contra sus más altas autoridades por faltante en el decomiso de droga es la consecuencia lógica y natural de la decisión del Gobierno de nombrarlos y de mantenerlos pese a las nutridas evidencias en su contra. Que no nos vengan ahora a mostrar ni sorpresa ni rostros compungidos, puesto que el Gobierno avaló totalmente la decisión de Salvador Gándara de designar a personas que habían sido removidas de la PNC para dirigir la institución y el nuevo ministro no tuvo los arrestos para corregir la barrabasada inmediatamente al tomar posesión.
No cabe el elogio al Gobierno por la decisión que tomaron ayer de destituir a los policías implicados en lo que tiene toda la apariencia de haber sido un «tumbe» propinado al narcotráfico porque en el fondo es la consecuencia natural de las torpes medidas que promovieron en el campo de la seguridad al ceder a las presiones de la esposa del mandatario para entregarle la seguridad nacional al señor Salvador Gándara, quien demostró su falta de aptitud para el cargo y terminó volviendo a la Municipalidad de Villa Nueva.
Pero la responsabilidad final no es del anterior ministro sino de quienes no entienden ni jota del tema de la seguridad ciudadana. De hecho, su designación puso fin a un importante esfuerzo que se venía realizando para avanzar en la depuración de la PNC pero lo peor de todo fue cuando echó mano de los policías que conoció durante su gestión como Viceministro en tiempo de Arzú y el gobernante avaló sin reservas la medida. En otras palabras, la culpa de lo que ha ocurrido y del retroceso que se ha dado en la PNC no es únicamente responsabilidad de Gándara, sino de quien le confió el manejo de la seguridad ciudadana.
Ojalá que aprendieran de los errores y pusieran mayor empeño en enfrentar el problema de la criminalidad con seriedad y sin esas actitudes de extrema torpeza, porque la verdad es que el tiempo perdido es algo que ha de repercutir negativamente para todos los guatemaltecos. Se dijo en su momento que el Gobierno estaba apostando a la mano dura con gente vinculada a pasados modelos de limpieza social y aún así el Presidente dejó que se operaran los cambios y se frenara el costoso y difícil proceso de depuración policial.
Por ello es que ahora hay que señalar directamente la responsabilidad de quienes son los culpables del descalabro, porque es tiempo de que las más altas autoridades de la Nación (es decir la pareja presidencial) se den cuenta que no se puede seguir improvisando ni dando lugar a caprichos para manejar cuestiones tan delicadas como la seguridad ciudadana.