El título del trabajo anterior y del presente artículo, trataron de crear en las personas, el sentimiento de no olvidar las páginas tristes de la Historia Nacional, para que con el recuerdo se tengan presentes las acciones negativas que nunca más deberían de ocurrir en nuestra sociedad.
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El secuestro en sí, es deleznable, porque es una de las maneras o formas más viles y cobarde de aprovechamiento de circunstancias, privación de libertad y negación de los derechos de la persona afectada. Ya sea éste económico, pasional o político, de cualquier forma es y seguirá siendo la herramienta de coacción que demuestra la idiosincrasia de quienes los fraguan y de quienes lo ejecutan.
En el caso de los secuestros políticos acaecidos durante el conflicto armado; sus posteriores ejecuciones y/o desapariciones tienen nombres, apellidos y rostros que por referencias históricas que nos proporciona el recién abierto Archivo de la Policía Nacional, podría utilizarse para deducir las responsabilidades penales de sus ejecutores y autores intelectuales; no en un afán de revanchismo, se haría por apego a la justicia y al derecho.
Sería interesante que la sociedad guatemalteca se preocupara por atender la invitación el Procurador de los Derechos Humanos en el sentido de conocer, averiguar e investigar aspectos como el paradero de los familiares y/o amigos desaparecidos; las circunstancias en que se produjeron los hechos; los nombres o sobrenombres de los ejecutores y el cotejo de nombres del personal de servicio en la Policía Nacional de ese tiempo.
La mayor parte de responsables, AíšN VIVEN y sería de justicia que AUNQUE TARDE sean enjuiciados por su tremenda responsabilidad en dichos actos abominables; PERO, no sólo perseguir a los casos emblemáticos o más sonados políticamente; la justicia debe ser pareja; y la acción de la Procuraduría de los Derechos Humanos DEBE SER IMPARCIAL en el sentido de denunciar a los ejecutores no sólo de personas que ejercieron liderazgos sindicales, porque eso los hace sospechosos de «quedar bien políticamente» con determinadas personas y los demás casos, merecen atención, seguimiento y sobre todo RESPETO para ser atendidos.
Militares, miembros de la extinta Policía Nacional y de la Guardia de Hacienda que ejercieron puestos de mando, AUN VIVEN y viven como que si nada hubieran hecho; y el que ahora estén viejos en edad, no es cortapisa para denunciarlos y darles el escarmiento legal que se merecen por su comportamiento bestial, despiadado e inmisericorde. NO ES VENGANZA, SE TRATA DE PEDIR JUSTICIA SIN PRIVILEGIOS – aunque no se haya sido sindicalista – pues las familias de los desaparecidos/ejecutados merecen respeto.