Terminó la semana y la Ley de Armas y Municiones que según compromiso público del Presidente del Congreso y los jefes de bancada sería conocida en estos siete días no llegó al pleno, demostrando una vez más que los legisladores no tienen interés ni voluntad de contribuir a la solución de los problemas del país. Ayer mismo unos diputados del partido Unionista criticaban a la CICIG por haber solicitado que se legisle en ciertas materias y dicen que en el caso del enriquecimiento ilícito, cuya tipificación urge la Comisión Internacional, el Congreso ya tiene lista la ley y que la misma saldrá no porque la pida Castresana.
El caso es que esa ley, como todas las verdaderamente importantes, duermen el sueño de los justos porque los diputados no cumplen con su deber. El problema aquí no es si las leyes salen por iniciativa de los diputados o de alguien más, sino simplemente que salgan como debe ser para estructurar el andamiaje legal que nos permita enfrentar la impunidad y con ello los altos índices de criminalidad.
Por supuesto que quienes tienen compromiso de proteger a destacados eslabones del crimen organizado siempre harán lo que puedan para atacar a los que tratan de combatir la impunidad y para ello vale montar todo tipo de espectáculos. Pero los guatemaltecos sabemos a ciencia cierta que el Congreso no asume su responsabilidad cabalmente porque hay muchos diputados que no tienen el menor interés por permitir que Guatemala principie a ponerle coto a las prácticas que afirman la impunidad a quienes constituyen las distintas formas de poderes paralelos, especialmente si esos poderes tienen que ver con la riqueza económica o con la milicia.
Si repasamos la prensa del pasado fin de semana y del principio de la que está terminando veremos que todos asumieron el compromiso de que la Ley de Armas y Municiones sería abordada o, por lo menos, modificada en aspectos esenciales de urgencia. Sin embargo ni la nueva ley ni las modificaciones a la existente llegaron siquiera a ser conocidas por el pleno porque es evidente que hay poderosos intereses opuestos a ello. De la misma manera tipificar el delito de enriquecimiento ilícito no será cosa fácil porque la ausencia de legislación ha sido garantía de impunidad para quienes se han beneficiado de la laguna legal que fue creada, casualmente, por diputados de la misma tendencia política de quienes ahora critican a la CICIG por inmiscuirse en asuntos nacionales proponiendo que sean castigados los largos que se arman con el dinero del pueblo. Es obvio que los diputados no quieren reivindicar al Congreso.