Ayer en su programa radial el Presidente dijo que se emitiría una norma para prohibir el uso de las ONG para ejecutar el gasto público porque el concepto se ha distorsionado a través de los años y no son utilizadas con transparencia. Con base en ese criterio y con el mismo argumento, hay que exigirle al Presidente que haga lo mismo con los fideicomisos que son otro concepto distorsionado de manera burda y que tampoco se utilizan con transparencia sino que, deliberada y cínicamente, para encubrir actos de corrupción porque es imposible fiscalizarlos adecuadamente.
Ambas prácticas son muy parecidas porque persiguen el mismo fin, es decir, borrar la huella del dinero público para facilitar la corrupción. Curiosamente sobre las ONG y los fideicomisos como ejecutores del gasto público, tanto Colom como su ministro de Finanzas tenían una opinión antes de llegar al poder y los dos criticaron prácticas que obstaculizan la transparencia en la ejecución del gasto, pero una vez en el poder se acomodaron e hicieron lo mismo que han venido haciendo sus predecesores para facilitar ese manejo turbio del presupuesto de gastos de la Nación. Es de aplaudir ahora que Colom diga que van a prohibir el uso de las ONG y que promoverán legislación para sancionar el pago de comisiones o mordidas, pero él mejor que nadie sabe que donde está el grueso del mal manejo es en los fideicomisos frente a los que el manejo de las ONG queda como moco de pava. Se sabe de fideicomisos en los que se pagan salarios de funcionarios que llegan casi a los cien mil quetzales mensuales, y ni siquiera estamos hablando de funcionarios del gobierno central, sino de gobiernos municipales. Si hay interés por transparentar el manejo de los recursos del Estado es indispensable que se actúe en el caso de los fideicomisos porque esa institución jurídica no sólo fue distorsionada sino manoseada para convertirla en un manto de impunidad en los casos de corrupción. Mentes brillantes pero malévolas aconsejaron la utilización de una figura de nuestro derecho civil para utilizarla mañosamente de manera tal que la administración del dinero público se sustraiga de cualquier posibilidad de control y fiscalización por los órganos legalmente obligados, no digamos por ciudadanos que quieran ejercitar su derecho a saber cómo se gasta el producto de los impuestos. Se ha dado un primer paso que afectará sin duda a unos cuantos peces grandes y a varios gatos, pero los más importantes, los que más se enriquecen con el dinero del pueblo, seguirán haciéndolo en la medida en que se siga encubriendo su corrupción mediante los fideicomisos y eso lo sabe el Presidente aunque lo ignore ahora, convenientemente, el Ministro de Finanzas.