Cientos de usuarios del transporte público se vieron afectados por la falta de servicio en la colonia Alameda, zona 18, luego que fuera asesinado un piloto de esa ruta. Los conductores y ayudantes suspendieron el servicio y bloquearon la calle, sin embargo, minutos después las fuerzas de seguridad liberaron el área. Al mediodí­a se reportaba otro crimen.

La ví­ctima fue identificada como Richard Antonio Lima Puac, de 25 años, conductor de bus de la ruta que conduce de la Alameda a la zona 1, quien recién iniciaba su jornada laboral y no llevaba seguridad privada.

«Lo mataron porque no pudo juntar los Q150 de extorsión que pagamos cada semana», afirmó uno de sus compañeros, quien exigió medidas de seguridad al Gobierno.

Según se dio a conocer, el hecho se produjo a las seis de la mañana, cuando individuos que se conducí­an a pie abordaron la unidad y dispararon contra Lima Puac.

Los pilotos y ayudantes colocaron alrededor de 30 unidades en la entrada al puente San Rafael; no obstante, las fuerzas de seguridad ordenaron remover los vehí­culos. Pese a su molestia, los trabajadores del transporte público liberaron el área.

«Es la única forma de que se quejen, aunque no sirva de mucho», dice la esposa de un chofer de esa ruta, quien pide no ser citada.

Un segundo ataque se dio a eso de las 12:00 horas, cuando el piloto Ví­ctor Manuel Juárez, de 47 años, fue asesinado en el redondel de Bosques de San Nicolás. Representantes de la Compañí­a EEGA señalan que el crimen se suscitó debido que en horas de la mañana los choferes recibieron un teléfono celular para ser extorsionados, pero se negaron a aceptarlo.

De acuerdo con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), más de 50 trabajadores del transporte público han sido asesinados en lo que va del año. Los í­ndices de violencia se registran mayormente en las zonas 11, 18, 5 y 7 de Mixco; las rutas más asediadas son la Maya, Alameda, 40R, 12 Belén, Villa Nueva, 10 y 11 de Mixco, entre otras.

La Policí­a Nacional Civil (PNC) indica que detrás de los crí­menes contra los pilotos está el narcotráfico y el crimen organizado, quienes buscan desestabilizar al paí­s; por otro lado las pandillas y sicarios; la disputa de empresarios por el territorio; sin descartar intereses polí­ticos.

Debido a que el Ministerio Público (MP) y la institución policí­aca no han logrado avances en las pesquisas contra los responsables de estos hechos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) decidió llevar algunos casos relacionados con este flagelo.