Hace pocos días, después de varios años de no haber visitado el Parque de las Naciones Unidas, en Amatitlán, sufrí una dolorosa pesadumbre, como ya había tenido en otras ocasiones, al recordar como eran de frondosos los bosques aledaños a la carretera a El Salvador, los que circundaban el camino de acceso a Casillas, o más cerca de la capital, el inicio de la carretera al Atlántico, o los verdes barrancos que atraviesa el Puente del Incienso. Pasajes, todos, arborizados, potentes generadores de oxigenación del ambiente y gratuita fuente de salud para la flora, fauna y el ser humano.
Pero, ahora, esos paradisíacos accidentes de la naturaleza han sido convertidos en áridos despeñaderos, causantes de accidentes ajenos a la belleza y bondades naturales, sino de inundaciones y desmoronamientos que anegan o soterran a poblaciones circunvecinas.
De esa calamidad, ¿cuál es la causa? No podría negarse que en algunos sitios podría deberse a deforestación hecha por pobladores necesitados de leña para usos domésticos. Sin embargo, la causa eficiente está en la industria del cemento, cuya materia prima la está extrayendo, sin realizar ninguna actividad reparadora, de las montañas cercanas a la capital de la República. Como se sabe, esta industria en Guatemala está monopolizada y ha poseído por muchísimos años, un gran poder económico y político, de manera que tanto bloques de diputados decisivos, del Congreso de la República, como autoridades del Ejecutivo y judicaturas y magistraturas del Organismo Judicial, apoyan los designios de la empresa cementera.
La Municipalidad de Guatemala actúa en la programación de obras urbanísticas de la ciudad capital, como un consocio de la Cementera, al punto que cuando remodela un parque o construye uno nuevo, en vez de jardínizarlo y cubrirlo de árboles florecientes, lo ensancha, aplana y cementa, no para dar regocijo a la niñez y solaz y esparcimiento a jóvenes y adultos, sino para hacer del mismo un inmenso patio, como el de los centros penales, en el que se asolean los reclusos.
Es tan grave el atentado a la conservación sana del ambiente, que el Diario de Centro América, Diario Oficial, el 28 del mes pasado, informó que según la Unidad de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD) del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN), existen 18 departamentos próximos a la desertificación, lo que ha determinado cambio climático en los últimos años y producido huracanes, como el Mitch, en 1998 y la tormenta Stan, en 2005.
Es más, los daños al ambiente por parte de la Municipalidad capitalina, también se dan por su irresponsabilidad del mantenimiento de las Bodegas que están en Ciudad Nueva, zona 2. De ellas se desprende polvo, humo y vapores ácidos, debido al almacenamiento de desechos de drenajes y ripio. Emanaciones que han dañado la salud de los vecinos, particularmente de los niños.
Ejemplo del contubernio gubernamental con la Cementera es el caso de los vecinos de varias aldeas de San Juan Sacatepéquez, quienes sabedores de los riesgos que para las fuentes de agua se corren por la deforestación producida por la operación de la Cementera y de los daños a su salud por las polvaredas emanadas al extraerse de las montañas el material que requiere la industria cementera, se oponen al establecimiento de la planta que ha decidido instalar la empresa interesada.
Las autoridades del Gobierno, en vez de atender las razones de la población, les echa encima a escuadrones antimotines del Ejército y comandos de la Policía Nacional Civil.
¡Y qué decir de la inoperancia estatal!, respecto a los graves daños causados al ambiente por las empresas transnacionales petroleras en áreas protegidas y por las extractoras de minerales y metales, que no sólo están arrasando las montañas, sino consumiendo en forma gratuita, enormes cantidades de agua, cuyos manantiales y corrientes envenena con cianuro y otros tóxicos. Y toda esta destrucción y saqueo de valiosísimos recursos naturales, renovables -como los árboles y el agua- y no renovables -como el níquel, el oro- que los guatemaltecos estamos perdiendo, apenas por unas miserables regalías y todo para quedar bien con el poder económico de las empresas ambiciosas y explotadoras, nacionales y extranjeras, mientras las masas trabajadoras sobreviven en la indigencia.
De seguir esa pérdida de nuestro patrimonio de recursos naturales y de la ruina del medio ambiente, los guatemaltecos no podremos aspirar a un futuro desarrollo promisorio.
La institución estatal encargada de formular y ejecutar las políticas relativas al ambiente y a los recursos naturales es el Ministerio que lleva ese nombre, el cual debe cumplir y hacer cumplir el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente , disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural. (Véase Artículo 29 «bis» del Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo).
Pero, ese Ministerio, si algo ha hecho es lo contrario a esas funciones, razón por la cual se impone la pregunta: ¿y, el MARN, para qué?