Cuando se discutieron los precios de los combustibles, se dijo que había que dejar libre el mercado y que el consumidor decidiera dónde abastecerse de acuerdo con los precios fijados por cada establecimiento. Poco importaba que en el fondo los precios fueran establecidos por las petroleras y que el margen de los expendios fuera mínimo, pero prevaleció el criterio de que en materia de gasolinas y diésel, el Estado no tenía por qué andarse metiendo en una cuestión que debía regular el puro y libre mercado.
Ahora, sin embargo, cuando se trata del etanol y del beneficio que una ley le puede dar a todo un sector productivo, no reparan en el mercado ni en la libertad del consumidor para decidir qué tipo de combustible usar y a qué costo. Por decreto se quiere obligar a que los consumidores guatemaltecos tengan que usar un porcentaje de combustible producido localmente de fuentes de energía renovables, con lo cual se estaría garantizando un mercado cautivo, obligado por la fuerza de un decreto, a quienes se dediquen al negocio de la producción de etanol.
El tema de los biocombustibles ha dado mucho que hablar por las implicaciones que tiene. No sólo porque los motores no están específicamente diseñados para su uso, sino que además porque está demostrado mundialmente el encarecimiento de los alimentos como resultado de la utilización de productos como el maíz y el azúcar en la producción de etanol. Los productores siempre buscarán vender donde los precios son mejores y obviamente pagará más la industria energética que la alimentación, por lo que los precios de los artículos de consumo humano se han disparado en el mercado mundial.
Llama la atención que ahora, cuando se discute una ley para obligar a todos los consumidores a tener que usar el etanol, lo que significa una ganancia por decreto para la industria azucarera del país, los teóricos del libre mercado guarden silencio en vez de decir que el consumidor será el que decida si quiere aprovechar el etanol. Si así fuera, si la demanda fuera alta, muchos expendios mezclarían el etanol con la gasolina derivada del petróleo sin necesidad de ley alguna, pero no es correcto que el Estado, que no se mete a regular (no hablamos de controlar) la fijación de precios en los combustibles importados, sea tan diligente cuando se trata de emitir una ley que pretende servir en bandeja de plata beneficios para un sector empresarial muy poderoso.
Otra vez estamos, evidentemente, frente a un caso de doble moral de parte de los teóricos del libre mercado. El mercado debe ser libre cuando conviene al proveedor y no al consumidor, pero debe ser cautivo cuando persiga el mismo fin y garantice utilidades a los productores.