La falta de normas y procedimientos de comercialización del gas licuado de petróleo (GLP), mejor conocido como gas propano, ha provocado la falta de garantías para una libre competencia de la cual deriven mejores productos y precios más convenientes para la población.
El 22 de diciembre de 2006 se promulgó el Decreto número 41-2006. Este cuerpo legal establece la obligación de que los envases de gas a presión, destinados como recipientes de gases industriales o gases de uso hospitalario y médico, deberán tener troquelado en su hombro el nombre o iniciales del fabricante o del propietario original; la fecha de fabricación; presión normal de uso para el cual fue manufacturado; el peso exacto y la fecha de la última prueba hidrostática.
Las disposiciones del Decreto 41-2006 no se aplican a los cilindros que contienen gas a presión, destinados a uso doméstico. Al exceptuar los envases de GLP, los perjudicados somos los consumidores, quienes ya no debemos continuar impávidos ante la indefensión en que nos han colocado los sucesivos gobiernos del sector energético.
Frente a este otro gran descuido, resulta alentador que el diputado Jorge Luis Ortega haya presentado la semana pasada la iniciativa número 3599 que contiene la ley específica que regula el manejo del gas propano. El proyecto del representante Ortega contempla que todas las empresas troquelen con sus nombres o iniciales cada uno de los cilindros y se responsabilicen de su buen estado. También vela por el cumplimiento de normas que protejan el medio ambiente. Regula lo relacionado con la propiedad y depósito de los cilindros, así como de los recipientes que se introducen al mercado, fijándose los procedimientos para su registro, calificación y recalificación.
Es primordial pronunciarse a favor de la aprobación de esta iniciativa, ya que promueve las condiciones adecuadas para el desarrollo ordenado y eficiente de la comercialización del GLP. Además de determinar parámetros para garantizar la calidad y el despacho de cantidades exactas del gas propano, se propicia un mercado de libre competencia que provea de los mayores beneficios a más de 8 millones de consumidores, y por ende, favorezca la economía nacional.