Cuando uno observa el arsenal que quedó abandonado luego de la acción de los agentes de la PNC que murieron al enfrentar a un grupo de narcotraficantes, no puede sino pensar que nuestra fuerza policial no tiene la capacidad de fuego para actuar en contra de esos grupos criminales y que haría falta que el Ejército, como ha ocurrido en México, se hiciera cargo de esa responsabilidad en vista de su capacidad ofensiva.
La pregunta del millón es por qué las autoridades civiles no comparten información que tienen con las fuerzas armadas en casos de narcotráfico. Porque hemos visto que cuando existen rumores de alguna fuga en los centros carcelarios del país, el Ejército manda de inmediato vehículos blindados con alto poder de fuego para apoyar a las fuerzas civiles del orden, pero en casos como éste, cuando se trataba de un enfrentamiento notoriamente desigual y en el que nuestra PNC jamás podrá estar a la altura de las circunstancias, no hubo presencia militar ni por asomo.
El mismo Presidente de la República, en su sostenido esfuerzo por desnudar la responsabilidad de gobiernos anteriores en el desmantelamiento del Estado, ha dicho que la reducción del Ejército no fue casual y que al eliminar muchas zonas militares se dejó el territorio en manos de los grupos del crimen organizado. Observadores diplomáticos han comentado en varias oportunidades que existen dudas sobre la posibilidad de vínculos directos entre los grupos criminales y las fuerzas armadas, especialmente con algunos de los que tendrían la responsabilidad de tomar decisiones y que se hacen, por lo menos, de la vista gorda.
El caso es que en las condiciones actuales de la lucha contra el narcotráfico, es indispensable que el Ejército pueda disponer de grupos élite capaces de actuar en respaldo de las fuerzas civiles cuando se trate de intentar la captura de quienes evidentemente están armados hasta los dientes y con un poder de fuego que hizo que el presidente Colom los calificara ya no de narcotraficantes sino de terroristas. En ese contexto es obvio que como Comandante General del Ejército tiene que ordenar la integración de un grupo selecto, confiable y sometido a pruebas de fidelidad, para que sean los que acompañen a la Policía en casos especiales, cuando sea evidente que no bastará la fuerza policial.
Las dudas sobre la fiabilidad de los comandos se pueden eliminar creando ese grupo élite con aquellos miembros de las fuerzas armadas que puedan ser sometidos a pruebas científicas y técnicas para asegurar que no exista fuga de información. No olvidemos que la mayoría de los integrantes del Ejército son gente comprometida con el país y sus intereses, a diferencia de las manzanas podridas que también las hay.