¿Cuándo van a aprender nuestros funcionarios públicos que todos sus actos deben ceñirse a lo que manda la Constitución? Si el estimado lector contesta que nunca, pues hombre, lancemos al cesto de la basura la Carta Magna y las demás leyes que nos rigen. Reza su primer articulo:»El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realizaci6n del bien común». El segundo, dicta que el Estado debe garantizarle a los habitantes de la República la vida, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, y el cuarto, para poner fin a las citas, indica que en Guatemala todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos.
¿Entonces, cómo es posible que otra vez se esté pasando por encima de la Constitución otorgando el tantas veces demostrado inútil subsidio al transporte urbano de la ciudad capital? ¿Es que semejantes inconstitucionalidades se van a seguir dando con una Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad o un Ministerio Público que viven haciéndose de la vista gorda? Vamos por partes. Con tan descabellada y reiterada disposición, de ninguna manera el Estado protege a la persona y a la familia, mucho menos se busca el bien común. ¿De dónde acá se está garantizando la vida, la seguridad y el desarrollo integral de las personas, permitiéndose viajar en vehículos en pésimas condiciones de funcionamiento, conducidos y atendidos por personas abusivas, inescrupulosas y delincuentes con licencia? ;Cómo se atreven a anunciar tranquilamente que no habrá subsidio para el transporte de la provincia?, ¿es que los residentes en Escuintla, Quetzaltenango o nuestros cercanos vecinos de Villa Nueva, para citar solo unos ejemplos, no tienen los mismos derechos de los capitalinos?, ¿para qué tantos inútiles secretarios y asesores que con su incapacidad ponen en evidencia que la decisión gubernamental otorga un privilegio a los capitalinos y por lo tanto, discrimina a la gran mayoría de guatemaltecos?
Las inconstitucionalidades se repiten porque los funcionarios gubernamentales, legisladores y hasta los jueces desconocen los alcances de la Constituci6n o al menos, les importa un pito sus normas y procedimientos. ¿Esa es la democracia que tanto se dice estar viviendo?, ¿No es un ejemplo clásico de anarquía: falta de todo gobierno en un Estado; perturbación de la vida pública por ausencia o relajación de la autoridad; desorden y confusión? A quienes pongan en duda la critica situación legal y moral que está viviendo el Estado guatemalteco, los invito a analizar lo que ha venido pasando en el seno del Congreso de la República; la incapacidad constante de brindar justicia pronta y eficaz a la población; el irrespeto a la elemental obligación de libre acceso a la información, en fin, es muy notorio que cada día más se aleja a la población del bien común y más se acerca al exclusivo beneficio de unos pocos en perjuicio de las grandes mayorías. Disculpen si tanto insisto en preguntar ¿hasta. dónde la población va a seguir soportando pacíficamente la crisis moral, ética, económica, y social? ¿No ha sido por demás evidente la certeza de aquel refrán que reza: «No hay mal que dure cien años, ni enfermo que los aguante?