Y cómo pueden decir que no es servicio público


No cabe duda que en la Municipalidad de Guatemala hay mentes que se dedican a estirar los conceptos para hacer interpretaciones antojadizamente convenientes de la ley. Ahora dicen que el transporte público de pasajeros no es servicio público para rechazar la sindicación de que actuaron con favoritismo al entregar el negocio a un grupito de empresarios que fueron los que ayudaron en especie al partido oficial durante las últimas elecciones. Pero hoy mismo, Haroldo Shetemul explica la inversión pública en el negocio y vale la pena releerlo para que nos expliquen cómo es que sin ser un servicio público, el Estado le mete tanto dinero a una actividad económica.

Oscar Clemente Marroquí­n
ocmarroq@lahora.com.gt

Reproduciré parte del artí­culo de Haroldo porque me parece fundamental entender ese extremo. Dice así­ el amigo columnista de Prensa Libre: «Cuando se conoce la gran cantidad de dinero que está de por medio, se le erizan a uno los pelos, porque es una pachanga que se presta para engordar las cuentas de los más corruptos. Solo para el sistema de las tarjetas prepago que utilizarán los buses del sector privado, el Estado invertirá US$35 millones, o sea unos Q280 millones. De esa cantidad, el Gobierno ya le entregó a los autobuseros Q80 millones sin imponer ningún mecanismo de fiscalización. Por eso, la Contralorí­a de Cuentas les impuso una multa de apenas Q50 mil, por no haber licitado en forma pública la compra del equipo para la emisión de esos plásticos. El Ministerio de Gobernación invertirá Q123.4 millones para las paradas de buses, con cámaras de video y centros de monitoreo. Fonapaz destinará Q24.8 millones para la construcción de las 144 paradas. La única inversión que harán los empresarios será el préstamo por US$450 millones para comprar los tres mil 150 buses. Pero, ojo, para reducir los costos de los autobuseros, el Congreso los exonerará del pago de impuestos de importación de esas unidades. Y para que no sufran, el Gobierno les da un subsidio de Q26.6 millones cada mes para que mantengan la tarifa de Q1.10 por pasaje, que al año son Q319.20 millones regalados. Además, les da anualmente Q29.9 millones para transportar a personas de la tercera edad y otros Q48 millones para contratar agentes policiales.» Si eso no es pago de favores y tráfico de influencias, que nos expliquen qué es. Por otro lado, si el transporte de pasajeros no es un servicio público, entonces la Municipalidad de Guatemala habrí­a estado malversando recursos durante los últimos años al gastarse el dinero de los contribuyentes en mantener el Transmetro que es precisamente una forma de transportar pasajeros en el área metropolitana. Y es que el criterio de la Municipalidad, por supuesto que de cara a la defensa que intentan respecto a la forma en que entregaron las concesiones, es que estamos frente a un negocio privado que no tiene nada que ver con la prestación de un servicio, pero resulta que el mismo ha sido consistentemente subsidiado y regulado por el Estado cabalmente porque se trata de uno de los principales servicios en cualquier ciudad del mundo. Es más, yo he insistido en que debemos replicar los modelos de paí­ses en donde no se concesiona a particulares sino que el mismo Estado crea empresas eficientes que operan el servicio de transporte, pero en Guatemala los negocios no permiten que se actúe con visión de interés general, sino que siempre y por siempre se protege, alienta y estimula el interés de pequeños grupos que saben cómo se mueve la melcocha.