Comunidades xincas de Santa Marí­a Xalapán, ubicadas en la cabecera departamental de Jalapa, manifestaron su rechazo a la autorización de, al menos, 24 licencias de exploración y explotación minera y petrolera, en el territorio que habitan.

Los doce cantones, integrados por 36 caserí­os y aldeas, mostraron su renuencia a la existencia de estos permisos otorgados por las autoridades sin pedir su consentimiento.

«Esto constituye una grave ofensa a nuestro derecho a la libre determinación como pueblo indí­gena, pues no hemos sido consultados para su aprobación y operación», manifestó Cecilio Munguí­a López, mayordomo xinca, quien representa la máxima autoridad en esta comunidad indí­gena.

Lorena Cabnal, de la Asociación de Mujeres xincas, aseguró que «la gente poderosa de la montaña», ha amenazado e intimidado a las autoridades indí­genas, lí­deres religiosos y otros movimientos sociales indí­genas, para que desistan de las movilizaciones en contra de tales proyectos.

Cabnal señaló que, pese a que de las 24 licencias que se han otorgado en Santa Marí­a Xalapán, una montaña de más de 900 caballerí­as de extensión, sólo tres autorizan la búsqueda de petróleo; estiman que ese objetivo es una de las prioridades de las autoridades de Energí­a y Minas, así­ como las locales.

Las 19 autorizaciones restantes se refieren a reconocimiento y exploración de minerí­a de metales a cielo abierto. La entrevistada aseguró que la información que han recopilado sobre las visitas de personas que han obtenido las concesiones, provienen de las mismas comunidades quienes han estado en alerta.

Para corroborar tal extremo, se contactó al vocero de la cartera aludida, René Rodrí­guez, quien informó que la persona encargada de notificar al respecto, Selvin Morales, director de Minerí­a del citado ministerio, no podí­a proporcionar la información requerida insistentemente por este vespertino.

«A través de las comunidades nos hemos informado de manera extraoficial, y de los consejos de desarrollo comunitario», dijo Cabnal.

AMENAZA

Tanto la búsqueda de petróleo como la explotación minera a cielo abierto, representan una grave amenaza para las 85 mil personas que habitan en unas 397 caballerí­as de terreno en la montaña, la cual es surtidora de varios afluentes de agua, denunciaron los comunitarios.

Cabnal indicó que los permisos para que empresas inicien con la instalación de estos proyectos, comenzaron a entregarse durante la administración pasada, empero, advirtió que en este gobierno han visto un gran interés por continuar con estas polí­ticas.