Cuatro votos razonados, cinco votos en contra y ocho a favor, son algunos de los detalles de la radiografí­a de la sentencia emitida anoche por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual amparó a Harold Caballeros, candidato a la Presidencia de la coalición Visión con Valores y Encuentro por Guatemala (Viva-EG). El fallo sopesó la condición de un estado laico.

Los miembros del Viva-EG celebraron anoche la resolución de la CSJ que amparó a Caballeros y permite que este pueda participar como candidato a la Presidencia en las próximas elecciones generales, sin embargo, el voto divido de la resolución genera dudas sobre el fallo, opinan analistas.

Ocho fueron los magistrados de la CSJ que votaron a favor de la inscripción de Caballeros ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no obstante, el fallo que fue resuelto por mayorí­a y no por unanimidad estuvo marcado por la división pues los cuatro de cinco magistrados razonaron su voto y uno votó en contra sin pronunciarse al respecto.

Quienes razonaron su voto fueron: César Barrientos Pellecer, Thelma Aldana Hernández, Luis Alberto Pineda Roca y Gustavo Bonilla. Héctor Manfredo Maldonado sólo votó en contra de amparar al candidato por Viva-EG, pero no dejó constancia de las razones.

VOTO RAZONADO
El razonamiento de los cuatro magistrados arriba citados fue escrito en el acta de plano y detalla: “la separación del poder polí­tico de la religión es parte de la soberaní­a nacional y fundamento del sistema republicano de gobierno, así­ como la condición indisociable de la democracia, al permitir la tolerancia y la convivencia en armoní­a de todos los habitantes de una nación en el plano de igualdad de condiciones y oportunidades sin discriminación alguna de las distintas visiones, culturas, credos y conciencias, sobre todo en un Estado pluricultural como el nuestro”.

El razonamiento continúa: “el laicismo es, por lo tanto, parte esencial del Estado y por ende principio básico, fundamental y esencial establecido por la Constitución como resguardo del respeto de los derechos humanos consagrados universalmente, al asegurar la defensa del interés común y el orden público, sin discriminación alguna, la igualdad, la libertad de conciencia, cultos y convivencia tolerable”.

Además, expone: “la prohibición constitucional abarca ser o haber sido ministro de cualquier religión o culto, indistintamente si deja de serlo, si renuncia o cambia de religión, de fe o de creencias, porque el hecho de haber sido lí­der o guí­a religioso, afecta la existencia  y funcionamiento de una sociedad organizada de manera independiente a la religión”.

Según los magistrados el artí­culo 186, literal f), “no fija temporalidad por ser permanente la prohibición, pues al haber sido ministro de culto, aunque haya renunciado válidamente, esta se mantiene y por lo mismo, el impedimento para optar a cargo de presidente”. 

A criterio de Carlos Molina Mencos, experto en materia Constitucional, consideró que existen dudas en la resolución emitida ayer por la CSJ y que la división de votos refleja la inaplicabilidad de la norma al caso concreto.

“Esta prohibición la tienen muchos paí­ses, es para que no se vaya a mezclar religión con Estado, recuerde que el Estado es laico: Pero también se pretende que un sacerdote o ministro no vaya a utilizar a su ‘grey’ para distorsionar en un momento dado el voto, para mantener a la Iglesia fuera del Estado”, explicó Molina Mencos.

El entrevistado añadió: lo que tení­a que determinar la CSJ es si Caballeros es o no pastor y si El Shaddai es o no iglesia, de lo contrario sí­ hay impedimento constitucional”, y añade que el hecho que el resultado haya sido ocho contra cinco es una muestra de “duda sobre la situación legal de Caballeros”.