El analista Renzo Rosal opinó que dentro de todos los conflictos desatados por los desacuerdos entre normalistas y autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc), con relación a la implementación de la reforma educativa, ha dejado a un lado el objetivo principal de la propuesta, que es la educación de la futura generación de niños que “se ha quedado en el tintero”.

“Se han ido manifestando más fuertemente intereses específicos y dejando atrás lo que supuestamente era un gran objetivo nacional”, opinó.

Por último recomendó regresar al punto de origen, es decir, hacer un ejercicio con amplia participación y consenso para “volver al tema de fondo, que es la formación educativa”.

LOS CONFLICTOS
Un voto razonado dentro de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que negó el amparo definitivo que la Cámara Guatemalteca de Educación (CGE) planteó en contra del Ministerio de Educación, con relación a la vigencia de la carrera Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, enfatiza que la función pública está sometida a la Ley.

Según el argumento en el voto razonado del magistrado César Barrientos, también refiere que la política educativa que se implementa, al afectar derechos de las instituciones de educación y de los estudiantes de Magisterio, “debió ser mejor planificada y participativa”, pues al no hacerse de esa manera, “abre, además, espacios de conflictividad social que pudieron ser evitados”.

Al ser consultado respecto a las continuas manifestaciones en contra de la reforma,  Gudberto Leiva, viceministro de Educación Bilingüe, dicha cartera dijo considerar que “en este momento es una minoría quien está inconforme”.

“Tenemos la confianza de 9 mil estudiantes que abrazaron la carrera de Bachillerato con Orientación en Educación, y nos da una pauta de positivismo porque hasta el 31 de marzo se cierra el proceso de inscripción”, enfatizó.

LA LEGALIDAD
En el razonamiento del magistrado Barrientos, el togado menciona que la reforma educativa es necesaria en el país, pero en el proyecto impulsado por el Gobierno, lo relativo a la sujeción a la ley de las autoridades no fue observado.

“No existe una ley, reglamento o acuerdo específico que autorice al Poder Ejecutivo y regule la reforma cuestionada (un acuerdo ministerial específico), sino que se funda en un documento que contiene políticas generales en la materia”, refiere el magistrado al razonar el amparo otorgado a Mineduc.

POLÍTICAS
En ese sentido, Leiva, indicó que la política número 4,  del Consejo Nacional de Educación, que habla sobre el recurso humano, los manda para regular y realizan alguna acción.

Según el documento que se encuentra en la página de Internet del Ministerio, los objetivos estratégicos de dicha política son garantizar la formación y actualización idónea del recurso humano para alcanzar un desempeño efectivo; evaluar el desempeño del recurso humano para fines de mejora de la calidad e implementar un sistema de incentivos y prestaciones para el recurso humano, vinculados al desempeño, la formación y las condiciones.

“Le dimos seguimiento a esa política”, resaltó Leiva, y agregó que “no podíamos obligar a ningún centro educativo del sector oficial y privado, para poder abrazar esta oferta adicional que ofrecíamos, para que la sociedad guatemalteca pueda ingresar a estas carreras”.

Es por eso que el funcionario justifica que es a base de la solicitud de impartir la carrera que cada centro educativo interesado haga, que realizan un acuerdo ministerial específico.

IMPUGNACIONES
Gabriel Orellana, abogado de la Cámara Guatemalteca de Educación (CGE), señaló que como motivo del amparo que plantearon la CSJ, precisamente la ausencia de ley, reglamento u acuerdo que autorice dicha reforma.

También explicó que en el caso, accionaron legalmente porque estamos en desacuerdo con la hipótesis de hacer un acuerdo específico para cada establecimiento.

Orellana además informó que la resolución de la CSJ ya fue apelada, y que el órgano accedió a que la misma fuera impugnada ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

No obstante, acotó que ya lograron su objetivo ya que este era conocer exactamente el fundamento legal que invoca el Ministerio para sustentar la reforma educativa, puesto que su propósito es “atacar lo inconstitucional”.

En declaraciones anteriores, Rafael Arreaga, presidente de la CGE señaló que dicha reforma  viola los artículos 71 y 73 de la Constitución.