Dos años después del glamoroso triunfo de Barack Obama, los electores norteamericanos le mostraron su rechazo a una política económica que no ha llegado a rendir frutos para sacar al país de la situación provocada por la crisis del sector financiero. Es totalmente comprensible el malestar del ciudadano que vio cómo el dinero de sus contribuciones fue a parar al esfuerzo por salvar a las entidades financieras sin que ello se tradujera en el fin del desempleo y en reales estímulos para la economía del país.
Pero no deja de llamar la atención que los articuladores de esa corriente en contra de Obama hayan sido los miembros del llamado Tea Party que pregona la disminución no sólo del papel del Estado, sino del déficit fiscal. Justamente porque la raíz del movimiento tiene vínculos muy notorios con la derecha religiosa que representó George W. Bush y que fue la causante del mayor despilfarro de fondos públicos en la historia de los Estados Unidos. En otras palabras, le pasaron a Obama una factura que tenía que haber sido pagada justamente por los republicanos causantes del déficit y del desorden financiero.
Pero el voto de castigo puede ser no sólo una forma de sancionar a un gobierno, sino que la historia demuestra que puede ser también una oportunidad para enmendar errores y corregir el rumbo. Tanto Reagan en su momento como Clinton, sufrieron igual castigo a mitad de su primer período y eso les obligó a hacer ajustes que les permitieron, a ambos, ganar la reelección dos años más tarde a pesar de que habían sido estruendosamente derrotados.
No puede uno pretender que la opinión pública actúe con la razón cuando le aprieta el zapato de las necesidades económicas y generalmente no anda viendo quién las debe, sino quién las paga. Y ese es el caso de Obama, quien realizó la más importante maniobra de salvamento del capitalismo que estaba a punto de sucumbir por la codicia de banqueros e inversionistas, y lejos de que la derecha le reconociera el esfuerzo, le pasan ahora esa tremenda factura de la derrota electoral. Y es que Obama no tenía otro remedio porque dejar de salvar a las entidades financieras y dejar que la bolsa de valores fuera a la deriva era condenar a su país y al mundo a la debacle. Pero el costo político de la maniobra ha sido demasiado alto porque si bien los inversionistas no perdieron su dinero, la gente común y corriente sigue sufriendo los efectos de la crisis inmobiliaria, de la falta de empleo y de las perspectivas poco alentadoras de la economía para el futuro.
Castigado, Obama, tendrá ahora dos años para reconquistar al electorado que él deslumbró hace dos años.