Los ecuatorianos votarán el domingo próximo un referendo constitucional que afianza el poder y allana la posible reelección del presidente Rafael Correa, quien por cuarta vez en dos años enfrenta las urnas favorecido por las encuestas y sin una oposición que le haga sombra.
La iniciativa de nueva Constitución, de 444 artículos, fue elaborada por una Asamblea de mayoría oficialista, elegida en las urnas, que, en caso de ser aprobada la consulta, asumiría la función legislativa mientras se celebran elecciones generales anticipadas en febrero de 2009.
De recibir la mitad más uno de los votos válidos, la Carta Política reemplazaría a la de 1998 y sería la vigésima de un país afectado por una inestabilidad política que expulsó del poder a tres presidentes en la última década.
Con una popularidad que ronda un 70%, Correa da por aprobada su principal promesa de gobierno tras una intensa campaña en la que recorrió el país, y ha sido acusado por la debilitada oposición de despilfarrar fondos públicos.
Amparado en altos precios del petróleo, el mandatario izquierdista intensificó en los últimos meses su política de asistencia y subsidios a los más pobres, lo que fue visto por sus adversarios como un exacerbado populismo.
Varias encuestas avizoran que la propuesta constitucional será aprobada con un 60% de los votos en promedio, aunque el gobierno estima que el apoyo podría alcanzar hasta un 75%.
La Constitución prohíbe la presencia de tropas extranjeras, faculta al presidente a regular y planificar la economía y a buscar la reelección inmediata (con lo que Correa, según sus cálculos, podría quedarse en el poder hasta 2017), y sentar las bases del llamado socialismo del siglo XXI.
Dicha tendencia agrupa las izquierdas de diferente cuño que gobiernan Venezuela, Bolivia y Ecuador, y pese a las marcadas diferencias los mandatarios la presentan como el conjuro contra el neoliberalismo, que a juicio de ellos aumentó, mediante las privatizaciones, la exclusión, la pobreza y la desigualdad.
El presidente ecuatoriano aspira igualmente a que las reformas devuelvan la estabilidad al país, ya que incorporan el sistema de «muerte cruzada», que le permite a los poderes Ejecutivo y Legislativo destituirse bajo la condición de anticipar elecciones.
Por su parte, los analistas creen que más que por la Constitución los electores votarán a favor y en contra de Correa, principal impulsor de la propuesta y quien de salir victorioso acumularía el cuarto triunfo electoral en línea tras su elección en noviembre de 2006.
La oposición lucha a contracorriente para evitar la aprobación de un proyecto que juzga a la medida del jefe de Estado, y que según sus críticas concentra el poder, amenaza la propiedad privada y es favorable al aborto, el consumo de drogas y al matrimonio entre homosexuales.
Aun cuando ninguno de esos puntos aparece explícito, la Iglesia Católica irrumpió en esta coyuntura para advertir a sus fieles sobre los riesgos de que muchos de sus tabú sean legalizados, en una posición que Correa -un profeso católico de izquierda- tachó de traición.
Los obispos parecieron entonces ser los únicos adversarios fuertes de Correa, pero conforme avanzó la campaña y la oposición perdió influencia, la Iglesia se replegó mientras recibía los mordaces comentarios de Correa, quien centró su campaña en contradecir las interpretaciones del clero.