Considero muy importante iniciar un proceso serio de discusión en cuanto a la reforma del Estado que es necesaria para que éste empiece, de forma generalizada, a funcionar en beneficio de los habitantes del país y no de pequeños, diversos y poderosos grupos de poder paralelo.

En ese orden de ideas, creo vital definir qué pretendemos de la reforma para luego establecer el mecanismo legal. La Constitución es clara en ese sentido y estimo que ahora estamos más enfrascados en el cómo, que en las causas de la reforma y los resultados que necesitamos obtener para salir del atolladero.

Otro punto clave y sobre el que intentaré ahondar en otra columna, es el riesgo que tiene una Constituyente en estas condiciones, es decir, que sean los mismos partidos políticos los que con sus vicios de selección de personal, sean los que vayan a dictar las normas del juego. Sería como pedirle al Smiley que dirija y reforme el Ministerio Público.

Pero antes de entrar a hablar a detalle de la reforma, sería indispensable que el Presidente nos diera muestras claras de cuál es su verdadera intención en este proceso. Hablar de reformar el Estado, sin hacer el mejor esfuerzo para contar con un marco legal categórico respecto al tema de la transparencia y combate a la corrupción, nos deja a medias.

Ayer el Congreso terminó de dar el último dulce al Ejecutivo, al elegirle a su candidato para la Procuraduría de los Derechos Humanos; a esa acción debemos sumar que el Legislativo ya aprobó un ministerio de Estado pretendido por Pérez y la reforma fiscal en tiempo récord. Es decir, sí se quiere se puede y el Congreso no es una excusa.

Por tanto, teniendo en mente que la transparencia es uno de los ejes de la mencionada reforma, es indispensable que el Presidente emplee su liderazgo y a sus operadores políticos para que la Ley Contra la Corrupción, que tipifica el enriquecimiento ilícito de contratistas y particulares y el tráfico de influencias, entre otros, sea una realidad.

Claro que solo la ley no es suficiente y que luego de su aprobación es necesaria una eficiente aplicación, además de otros cuerpos regulatorios. Pero no podemos pasar a esos campos de batalla, si la ley primero no pasa por el glorioso Pleno del Congreso y es aprobada.

Debemos entender que no será tarea fácil, porque con esta ley muchos diputados estarían cavando su propia tumba y por tanto la resistencia será importante, pero por ello, el Presidente necesita articular ese apoyo de la población para que con una participación traducida en clamor popular, se allane el camino.

No podemos pensar en grandes cambios sin hacer grandes sacrificios y ese es el dilema que se presenta al Presidente. Claro que nos pueden decir que la han pedido al Congreso y otras cosas, pero lo que nos gustaría ver es voluntad efectiva, como la que se mostró para la reforma y el PDH. Existe una línea muy delgada entre las excusas y las imposibilidades reales que puedan existir.

 Y si pese a los esfuerzos, la ley no se aprueba por las razones arriba expuestas, es tarea del Presidente denunciar eso que tanto nos ha ofrecido, es decir, quiénes son los que dentro del Congreso, bloquean todo intento de mejora estatal con el fin de defender sus intereses; seguro no solo hay diputados de la oposición en ese saco.

Para cambiar el sistema y hablar de reforma, es necesario ser parte de la solución y no una pieza más de un sistema maltrecho y es ahí, donde nuestro Presidente puede y debe, marcar distancias para que la necesaria reforma del Estado sea una realidad y la transparencia, siempre será una buena primera piedra.

Los ciudadanos no nos debemos olvidar que con nuestras omisiones e indiferencia, somos otra pieza más del maltrecho sistema.