Desde el 2006 a la fecha, las autoridades carcelarias registran más de un centenar de casos de infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) entre privados de libertad en los centros de prisión preventiva y de condena, no obstante se sabe que existe un subregistro de la propagación de la enfermedad, de tal manera que varios de los afectados ignoran que sus cuerpos podrí­an desarrollar el sí­ndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) al no recibir el tratamiento adecuado.

Pese a que es una población controlada, los privados de libertad se encuentran entre los grupos de alto riesgo para ser contagiados con el VIH, al igual que los hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadores sexuales y jóvenes en riesgo social, refiere el informe «Informativo sobre VIH», del Ministerio de Salud y el Programa de Prevención y Control de ITS, VIH y sida.

De acuerdo con el Sistema Penitenciario (SP), en los últimos cinco años se registraron 120 casos de prisioneros infectados con el virus en el sistema carcelario guatemalteco, de los cuales fueron 102 hombres y 18 mujeres. En el año 2006 se identificaron 24 casos, en el 2007 el número se redujo a 15, para el 2008 fueron 31, mientras que en el 2009 fueron 27 y en lo que va del 2010 se reportaron 23.

Rudy Esquivel, portavoz del SP, indica que debido a que varios de los privados de libertad se encontraban detenidos de forma preventiva cuando se realizaron las pruebas, el número se redujo cuando consiguieron recobrar la libertad. Hasta hoy se sabe que 68 personas viven con el virus en las diferentes cárceles del paí­s.

Sin embargo, Johanna Castillo, encargada del Programa de VIH/Sida de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH), considera que existe un subregistro en los casos identificados de esta infección en las cárceles, así­ sucede en todo el paí­s.

«Se piensa que no solo en las cárceles sino en todo nuestro paí­s hay un rango de error muy elevado en cuanto a la prevalencia de VIH en Guatemala. Esto, causado por la irresponsabilidad de todas las instituciones encargadas y obligadas a reportar, estudiar y recabar la información necesaria para obtener un dato real de prevalencia», dice Castillo.

La profesional enfatiza en la necesidad de ejecutar acciones de prevención y sensibilización en el tema, además de garantizar la atención adecuada y profesional a los privados de libertad que podrí­an estar infectados.

El citado informe refiere que la detección temprana del VIH y la atención con retrovirales pueden retrasar el desarrollo del sida, lo cual significa una vida más prolongada y de mejor calidad para el portador del virus, además implica una reducción certera en las probabilidades de contagio a otras personas.

«Se recomienda públicamente que se tomen y ejecuten acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria. Dentro de las cuales debe obligatoriamente existir un estudio oportuno y adecuado, garante de derechos sobre la prevalencia de VIH en las cárceles de Guatemala. Tomar medidas y acciones de sensibilización y prevención. Capacitar a los funcionarios del SP en derechos humanos y tomar acciones para garantizar el acceso efectivo a los medicamentos y atención en salud», señala.

EL CONTAGIO

Según las fuentes consultadas, no se sabe cuántas personas fueron infectadas al ingresar a prisión, sin embargo no descartan que alguno de los casos identificados pueda estar vinculado con actos de violencia sexual.

De acuerdo con la PDH, no existe un dato especí­fico sobre un suceso de esta í­ndole, pero sí­ se conoce información de personas que al ingresar a la cárcel fueron abusadas sexualmente, por eso no descarta que alguno de los casos documentados sea producto de estas acciones.

El Ministerio de Salud, por su parte, considera que el VIH se ha propagado en prisión principalmente entre los hombres, por la falta de uso de condón al utilizar los servicios de algunas trabajadoras sexuales que ingresan a prisión, o bien, por las relaciones que mantienen entre ellos. En el caso de las mujeres, el porcentaje es menor, porque no tienen «visita conyugal».

Los primeros pasos para combatir el problema ya se dieron. Esquivel explica que en el año 2006, el Fondo Mundial firmó un convenio con el Ministerio de Gobernación (Mingob), en el que se acordó que varias organizaciones no gubernamentales trabajarí­an en conjunto para verificar y monitorear los casos de VIH en los centros carcelarios.

Las ONG que acompañan a los afectados e implementan programas de prevención son la Asociación Gente Nueva, Asociación de Salud Integral (ASI), Asociación Fernando Iturbide y la organización Payasos, entre otras.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, las organizaciones han trabajado en la Granja Penal Pavón y Pavoncito, en el Preventivo para Varones de la zona 18, el Centro de Orientación Femenina (COF), la Granja Penal Canadá y en la prisión El Infiernito.

También se trabajó en el centro penal de Puerto Barrios y en el centro preventivo de Petén, así­ como en Zacapa, Cantel y Quetzaltenango. Mientras que el SP, lo ha hecho en la cárcel de mujeres Santa Teresa, en Quiché, Chimaltenango y el Boquerón, en Santa Rosa.

PREVENCIí“N E IDENTIFICACIí“N

Estuardo Dí­az, psicólogo clí­nico del Programa Nacional de Prevención y Control ITS VIH y Sida, del Ministerio de Salud, dice que tras la firma del Convenio con el Fondo Mundial y otras organizaciones del ramo, existe mayor control para los infectados, además de la implementación de polí­ticas de prevención y apoyo.

«Antes no habí­a alguna forma de prevención, ni charlas preventivas y educativas, ni distribución de condones y mucho menos realizar pruebas de VIH. Eso no existí­a dentro de las cárceles. Ahora ha mejorado, pero a través de estas instituciones y del Fondo Mundial que estuvieron apoyando, para trabajar con esta población que lógicamente es una de las más vulnerables», dice el profesional.

Según el experto, por la falta de un proyecto como el mencionado, oficialmente no se conoce si antes de 2006 algún privado de libertad murió por la falta de tratamiento médico, y tampoco hay registros de cuántas personas habrí­an padecido de VIH.

Dí­az dice que el Ministerio de Salud entregó este año 500 métodos probatorios para la detección del VIH a las autoridades del SP, así­ como otros 500 a la organización Fernando Iturbide, quienes utilizaron un porcentaje para identificar la infección en la población detenida en los centros carcelarios.

Al consultar al profesional si podrí­a proporcionar mayor número de métodos de prueba, tomando en cuenta que la cantidad de privados de libertad en los diferentes centros carcelarios es más de 11 mil, respondió que es el Mingob la institución encargada de atender esos casos.

«Lo que sucede es que el Ministerio de Gobernación es el encargado de las personas privadas de libertad, por consiguiente a ese Ministerio le compete dar las pruebas a los privados de libertad. No le compete al Ministerio de Salud, sin embargo, las personas que se han diagnosticado con VIH en los centros penales han sido atendidas por la clí­nica familiar Luis íngel Garcí­a en el Hospital San Juan de Dios y algunos también han sido atendidos en el hospital Roosevelt», indica.

De acuerdo con Dí­az, a quienes han logrado identificar como «positivos» se les proporciona un tratamiento médico, el cual consiste en visitas a las clí­nicas de los hospitales públicos, pero también las verificaciones de profesionales para abastecerlos con medicamentos.

«Las personas asisten a la clí­nica familiar Luis íngel Garcí­a, les hacen su cita y a través del Sistema Penitenciario y los jueces de ejecución dan permiso para que las personas que están diagnosticadas con esta infección puedan dirigirse al hospital a su cita, ahí­ se les lleva el control de CD4 y de carga viral, posteriormente existe un médico por parte de esa institución conjuntamente con la enfermera y el encargado del proyecto, quienes van a las cárceles diferentes dí­as que se programan y ven a las personas con enfermedades de transmisión sexual, les dan sus medicamentos para abastecerlos cada semana», indica.

DOBLE DISCRIMINACIí“N

Según Castillo, las personas privadas de libertad con VIH sufren doblemente la discriminación, porque se piensa que por el hecho de estar detenidas pierden todos sus derechos, sin embargo, es falso porque si bien se limita su libertad, no pueden perder el derecho a la vida, la salud y a la justicia.

«Lo que no se ha comprendido es que no se defiende ni apoya a la persona que ha cometido el delito o el delito mismo, sino lo que no se apoya es que el Estado viole los derechos de los ciudadanos, porque un Estado que viola derechos, no discernirá entre derechos de culpables e inocentes, de hombres y mujeres, de niños, de adultos, de sanos o enfermos. Eso es lo que se ataca, la violación de los derechos, lo cual es obligación del Estado garantizarlos y respetarlos», opina la entrevistada.

Por otro lado, la profesional manifiesta su preocupación por las condiciones fí­sicas y de sanidad en las que viven los privados de libertad, tomando en cuenta que existen reglas mí­nimas para el tratamiento de los reclusos, según las Naciones Unidas, que fijan las condiciones fí­sicas mí­nimas, actividades y derechos de las cuales el detenido debe gozar para lograr su recuperación social.

De acuerdo con la representante de la PDH, esto implica, en el caso puntual del VIH, garantizar a las personas privadas de libertad los mismos estándares que al resto de la población, no solo en el tratamiento, sino en un sentido amplio del derecho a la salud.

«Debe brindarse una atención y tratamiento adecuado a quien vive con VIH, debiendo también hacerse mucho hincapié en las condiciones de salubridad del ambiente en que vive y de la dieta que recibe», dice Castillo.

Por otro lado, la experta ve preocupante cuando es imposible ingresar los medicamentos de las personas contagiadas, principalmente cuando se suscitan conflictos en las cárceles. «Ha habido denuncias de personas con VIH dentro de la cárcel o de sus familiares porque no se les deja ingresar los medicamentos antirretrovirales, mismos que no pueden dejar de administrarse en ningún caso», advierte Castillo.

La profesional reitera la necesidad de respetar los derechos de todas las personas, incluyendo a la población privada de libertad, principalmente a quienes padecen de esta infección.