Del abogado Acisclo Valladares Urruela recibimos una atenta nota en la que explica que como abogado de Visión con Valores (Viva) ha recibido instrucciones de su cliente de actuar de manera tal que todos los fallos y resoluciones en la controversia existente por la fecha de inscripción del partido sean debidamente acatados, aunque también de continuar con los procesos legales para hacer valer lo que consideran un derecho que les corresponde. En otras palabras, aunque por las circunstancias el partido del pastor Harold Caballeros no pueda participar, porque ellos acatarán sin chistar las resoluciones judiciales, de todos modos tratarán de hacer valer el que creen es su derecho.

Esa actitud nos parece atinada porque nunca dijimos que Viva debió renunciar al ejercicio de todos sus derechos y reclamaciones ante las autoridades competentes. Lo que criticamos fue cuando el pastor Caballeros dijo que lamentaba que se estuvieran tomando decisiones polí­ticas en su caso, pasando sobre lo jurí­dico, lo cual evidentemente no ha ocurrido porque hasta el dí­a de hoy, con los argumentos que habí­an esgrimido, todos los amparos han sido declarados sin lugar porque no ha existido un elemento adicional que sirva para modificar la visión que del tema han tenido las autoridades electorales.

Ahora el abogado Acisclo Valladares Urruela ha utilizado argumento diferente para abordar el tema, cuestionando la vigencia de la inscripción del partido polí­tico y esgrimiendo argumentos para señalar que la inscripción tendrí­a que haber cobrado vigencia el dí­a 9 de junio. Es una pura cuestión de interpretación de normas de carácter registral, porque lo que se discute ahora es el momento en que se tuvo que operar el registro de Viva como partido polí­tico y de eso dependerí­a la realización de sus asambleas.

Nuestro criterio es que resulta sumamente delicado para la frágil institucionalidad del paí­s arrinconar a las autoridades para que sus resoluciones queden en entredicho simplemente para que los afectados puedan lucir el sombrero de ví­ctimas. Si hubo un error de interpretación de parte del cuerpo de asesores del partido polí­tico, no es justo culpar a las autoridades del problema. Y por lo visto ese error es muy evidente, toda vez que debieron contratar a un nuevo abogado, el licenciado Valladares Urruela, quien ha dado otra interpretación y fundamento al alegato. Los que inicialmente presentaron los amparos no usaron el nuevo argumento que es planteado por el nuevo abogado del partido y eso nos confirma en la idea de que el error, en todo caso, es imputable al partido y a su cuerpo de asesores y es injusto pretender que la autoridad cargue con el sambenito de que obstaculizó de manera caprichosa la participación de un partido polí­tico y de un candidato. Es bueno saber, sin embargo, que tanto el nuevo abogado como el mismo pastor Harold Caballeros están de acuerdo en acatar con respeto la decisión judicial, reservándose el derecho de seguir litigando a favor del nuevo criterio que esgrimen.