Aquí­ el mandato de los electores sale sobrando porque el único mandato que importa es el que los candidatos reciben de sus financistas que, por supuesto, no ayudan por patriotismo ni por afinidad ideológica con un proyecto polí­tico, puesto que aquí­ tales proyectos no tienen ni siquiera ideologí­a sino que simplemente son esfuerzos electoreros. De esa cuenta el Presidente de la República se convierte, en efecto, en un mandatario desde el momento en que toma posesión, pero mandatario no del pueblo sino de quienes contribuyeron financieramente a la campaña. Y mientras mayor haya sido el aporte, más directo e irrenunciable se vuelve el mandato.

Hay que notar que el Tribunal Supremo Electoral tiene serias dificultades operativas para hacer que esa normativa se convierta en algo efectivo. Si al dí­a de hoy no ha podido contener las ansias de quienes se han pasado las leyes por el arco del triunfo y hacen propaganda antes de la convocatoria, menos poder tendrá para contar las costillas y los bolsillos a los candidatos y a los partidos. Pero aunque tengamos que reconocer la existencia de esa debilidad estructural, es muy sano que el TSE plantee la necesidad de abordar el tema del financiamiento de las campañas.

Los ciudadanos tenemos el derecho de saber qué intereses hay alrededor de cada una de las propuestas polí­ticas y la única forma de saberlo es mediante la difusión concreta del origen del financiamiento porque es allí­ donde se cuecen todas las habas. Sin abordar el tema del dinero para las campañas polí­ticas, mantendremos una fachada democrática porque vamos a elecciones cada cuatro años, pero los que verdaderamente deciden y mandan, otorgando en realidad un mandato, son sólo los que ponen el pisto para que los candidatos puedan gastar durante la época electoral. Hay demasiados antecedentes y experiencias como para pasar por alto la realidad e ignorar que en Guatemala hay una profunda distorsión de nuestro régimen polí­tico porque a falta de fuerte y consolidada organización polí­tica, los partidos dependen únicamente de la propaganda para ganar elecciones. Si hubiera en realidad una estructura partidaria digna de tal nombre, los costos electorales bajarí­an mucho porque los partidos tendrí­an una base fiel, dispuesta no sólo a dar su voto sino a trabajar por el proyecto y hacerlo por mí­stica, por afinidad con las ideas de la entidad y de sus candidatos. Pero como aquí­ todo gira alrededor del interés personal, de las ambiciones espurias y de montones de dinero, hay que entender que la democracia está secuestrada por los que pueden abrir la chequera para condicionar a los candidatos y que éstos, sin ponerse de culumbrón, no recibirán nunca las cantidades que se requieren para alcanzar el poder. Y si el poder tiene un precio, ese precio alguien tiene que pagarlo.