De esta visita hay buenas y malas noticias. Por el lado bueno, la decisión sobre el TPS está todaví­a a la espera de insumos analí­ticos de entidades estadounidenses y es posible influir, polí­ticamente, de parte del Estado guatemalteco, la sociedad civil y las organizaciones de migrantes. Por el lado negativo, los demócratas perdieron la iniciativa del Dream Act, que pretendí­a regularizar el estatus migratorio de estudiantes que llegaron desde niños con sus padres indocumentados, y el proceso eleccionario para renovar el Congreso, cuyas elecciones se realizarán el 4 de noviembre, deja poco tiempo para promover una decisión. Nuestros esfuerzos deben intensificarse en octubre y, de preferencia, antes del 4, cuando se cumplen cuatro meses de la solicitud oficial del TPS.

¿Qué es posible hacer? La verdad es que mucho. Entregamos la carta dirigida a la Sra. Janet Napolitano, quien tomará la decisión, con 20 mil firmas. Aparte de que fue muy bien recibida, tendrí­a más peso si se sumaran a la carta otras 10 mil o 20 mil firmas (enviar su respaldo a gsn@igc.org). Nuestra sociedad civil debe expresarse también de otras formas. Se ha pedido al Grupo de los Cuatro, encabezados por el Cardenal y el Procurador de los Derechos Humanos, que convoque a un servicio ecuménico en la Catedral y al término del mismo hacer una marcha a la Embajada de los Estados Unidos y afirmar que el TPS no es una concesión al Estado de Guatemala, sino que un gesto humanitario hacia una población que ha sido reiteradamente castigada por factores naturales y humanos. La presencia de personas de muy diversos orí­genes llevarí­a ese mensaje de unidad de la sociedad civil en pro del TPS.

Desde luego, el Estado guatemalteco tiene la obligación y responsabilidad de seguir trasladando insumos y elementos de juicio a las autoridades estadounidenses. El MINEX debe garantizar que los datos de los daños y pérdidas son constantemente actualizados en los Departamentos de Estado y Homeland Security, así­ como que haya un plan para apoyar a los guatemaltecos que se inscriban en el TPS y otro plan para acogerlos en el paí­s al concluir el TPS inicial, si es que a 18 meses plazo no se lograra su extensión. También el Congreso tiene su papel: debe emitir un punto resolutivo, en representación de las fuerzas polí­ticas del paí­s, que apoye la solicitud del TPS, así­ como comprometerse a aprobar una partida presupuestal acorde con el desafí­o, para que el MINEX se haga responsable de hacer que el TPS funcione efectiva y eficientemente para las y los guatemaltecos en Estados Unidos. Nosotros, como organizaciones de migrantes, hemos aportado nuestro grano de arena; es tiempo de que el Estado y la sociedad civil hagan esfuerzos adicionales y extraordinarios. Nuestros migrantes merecen este apoyo.