Los pasillos del Sector 12 del Preventivo para Varones de la zona 18 han visto desfilar a varios ex funcionarios y figuras públicas, sindicados de diferentes delitos; sin embargo, nunca antes habrían albergado a un ex Presidente de la República.
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Según el Sistema Penitenciario (SP), actualmente hay 16 privados de libertad en ese sector, todos ex funcionarios y figuras públicas, pero algunos aún no han sido condenados.
Este espacio tiene capacidad para 50 personas; la mayoría de los sindicados formaron parte de gabinetes de gobierno, o bien se dedicaban a diferentes actividades públicas o religiosas.
Algunos de los detenidos comparten celda entre sí, pero existen otros -como es el caso del ex presidente Alfonso Portillo-, que permanecen en un lugar aislado, para procurar la seguridad necesaria.
Rudy Esquivel, vocero del SP, dice que el objetivo de recluir a estos detenidos en el Sector 12 es para garantizar las medidas de seguridad pertinentes, no obstante, enfatiza en que estos privados de libertad reciben el mismo trato que el resto de sindicados.
ALFONSO PORTILLO
El huésped de reciente ingreso es el ex presidente Alfonso Portillo, quien fue llevado a esa cárcel el pasado 26 de enero, luego que fuera capturado en Izabal, cuando estaba a punto de embarcarse hacia Belice.
Portillo es sindicado por el delito de lavado de dinero y tiene una orden de extradición a Estados Unidos, sin embargo, recientemente se informó que ahora el ex funcionario depende de la aprobación del Gobierno mexicano, por el convenio que norma la extradición con Guatemala.
Es decir, que el ex Presidente no puede ser entregado a un tercer país, debido a los tratados que existen entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Guatemala, pues antes se necesita la autorización de México, ya que Portillo fue extraditado de ese país.
Por lo que mientras se dilucida su situación legal tendrá que permanecer en prisión preventiva en el Sector 12 del Preventivo para Varones de la zona 18.
EDUARDO ARí‰VALO LACS
El 25 de junio de 2009, el ex ministro de la Defensa de Portillo, Eduardo Arévalo Lacs, fue detenido por el desvío de Q120 millones.
Esta persona es acusada por el delito de peculado, por el desvío de Q120 millones de la cartera que dirigía a cuentas personales.
La jueza octavo de Instancia Penal, Marta Sierra, le fijó una caución económica de Q40 millones para que recobrara su libertad, pero su abogado defensor apeló la decisión judicial, por lo que la fianza fue rebajada a Q4 millones, que a la fecha aún no ha logrado depositar.
Por esa razón el ex dirigente de la cartera de la Defensa todavía permanece bajo el resguardo de las autoridades penitenciarias.
MARIO ORANTES
El padre Orantes es uno de los reos que ha permanecido, por lo menos, diez años en prisión.
Esta persona está sindicada por el delito de ejecución extrajudicial en grado de complicidad, por la muerte de monseñor Juan José Gerardi, el 8 de junio de 2001.
Aunque el religioso concluye la pena el 13 de junio de 2019, el año pasado solicitó la libertad anticipada, por medio de la redención de penas, argumentado que trabajó como guía espiritual durante el tiempo que estuvo en prisión, pero le fue denegada.
Esta resolución se dio, debido a que el juez primero de Ejecución indicó que debido a los problemas de salud y posterior hospitalización, Orantes no realizó actividad laboral durante cierto tiempo.
Además se indicó que aún hacen falta tres años de trabajo en la prisión para aplicar la libertad anticipada.
Por ello, Orantes debe esperar un poco más en prisión y hasta el momento se convierte en una de las figuras más antiguas recluidas en esa cárcel.
MARCO TULIO ABADíO
El ex superintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Tulio Abadío, fue condenado a 30 años de prisión, en abril de 2007, por los delitos de lavado de dinero, concusión y fraude.
El Tribunal Quinto de Sentencia concluyó la audiencia con ese dictamen. A Abadío se le absolvió por el delito de peculado.
Según se indica, de 2002 a 2004, el ex funcionario ordenó beneficiar a empresas familiares y de amigos vinculados con él, con contratos de adquisición a suministros.
REACCIONES
Representantes de la sociedad civil y políticos afirman que las capturas y condenas de ex funcionarios sentarán un precedente no sólo para la justicia guatemalteca, sino también, para aquellos políticos corruptos que pretendan saquear las arcas del Estado.
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), dice que las detenciones efectuadas previamente y la más reciente (de Alfonso Portillo), representan un momento histórico para Guatemala, el cual permitirá contrarrestar el clima de impunidad que impera en el país.
«Es sumamente positivo e histórico, incluso que se haya dado esta captura, yo creo que esto podría generar no sólo un disuasivo para que se termine con todo el clima de impunidad y corrupción, sino que además, podría permitir que se inicie una nueva etapa en el país», indica.
Según Polanco, en el caso de la aprehensión del ex presidente de la República, contribuirá para evitar mayor corrupción entre los funcionarios actuales, «ojalá que se cuiden los funcionarios que están en actos de corrupción, porque podrían también ser procesados», afirma.
Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, opina que estos hechos son positivos, pues debe quedar claro, que los gobiernos y funcionarios no deben robar el dinero que les corresponde a los ciudadanos.
«Es histórico, sobre todo para evitar que todos los gobiernos y los funcionarios de Gobierno roben el dinero que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, porque es un delito que se tiene que pagar caro», opina.
A criterio de la profesional, es importante destacar que cuando se tiene voluntad para realizar las investigaciones se logra, en alusión al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
«Creo que la CICIG sigue demostrando que cuando se quiere investigar se investiga y se puede hacer, lo que hace falta aquí es sentido profesional y ganas para hacer las cosas», concluye.
Por su parte, la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, se refiere al caso Portillo, y afirma que ve un disuasivo poderoso contra aquellos que en la actualidad sustraen recursos del Estado.
Según la funcionaria, esta detención es buen precedente legal, que genera expectativas entre la población guatemalteca acostumbrada a que la impunidad campea en el país, pero espera que se empiece a desnudar las mafias que hubo entre personas y empresas alrededor del caso Portillo que han perjudicado al Estado, que fue y es denunciado.
Según la Dirección General de Presidios, el Centro Preventivo para Varones de la zona 18 no es el único lugar que resguarda a ex funcionarios y figuras públicas, pues existen otros personajes que están recluidos en otras prisiones.
Uno de los casos en mención, es el de los militares Byron Disrael Lima Estrada y Byron Lima Oliva, quienes guardan prisión en la cárcel de Pavón, ubicada en el complejo de prisiones de Fraijanes.
Los sindicados están condenados a 20 años de cárcel por el asesinato de monseñor Juan José Gerardi, sin embargo, a partir del 21 de enero -fecha en que cumplen la mitad de su condena- pueden solicitar su libertad, por medio de la redención de penas.
Sin embargo, aún no se conoce de esta solicitud de parte de los ex militares, que han guardado prisión en diferentes cárceles del país.
El Sistema Penitenciario enfatiza en la importancia de resguardar a ciertas personas privadas de libertad, pues existen «casos delicados», en donde los acusados están expuestos a ser víctimas de cualquier vejamen, por el trabajo que realizaron cuando gozaban de libertad.
El caso de los policías es uno de ellos, se afirma, es por ello que el ex director de la Policía Nacional Civil (PNC), Porfirio Pérez Paniagua, que se encuentra en el Centro Preventivo, ha estado aislado y con fuertes medidas de seguridad, ya que en una ocasión se suscitaron hechos de violencia contra miembros de esta institución.
Tal es el caso de los investigadores de la entonces División de Investigación Criminal (DINC), actualmente División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), acusados por el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen), que murieron a manos de pandilleros pertenecientes a la Mara Salvatrucha, en la cárcel de El Boquerón, en Santa Rosa.
Según se indica, estos hechos mantienen en alerta al SP, que es el encargado de resguardar a los privados de libertad, que corren peligro dentro de prisión, pues en las diferentes cárceles se encuentran pandilleros, secuestradores, narcotraficantes, extorsionistas, etc., que podrían atentar contra ciertas personas que ingresan a las cárceles.
Es por ello, que el SP, cuando arriba una persona que puede correr riesgo, intensifica las medidas de seguridad y se mantiene una verificación exhaustiva, por medio de los anillos de seguridad que los conforman guardias de presidios, miembros de la PNC y del Ejército.
Aunque se admite, que es complicado, principalmente para los centros de rehabilitación con mayor población, se busca la forma de evitar que reclusos que no pertenecen a cierto sector tengan contacto con los otros, pues sólo de esa forma se logrará evitar hechos inesperados.