El atentado en Arizona contra un grupo de inmigrantes ilegales que recién habían pasado la frontera, dejó a una guatemalteca herida y a otro chapín muerto junto a dos mexicanos que también formaban parte del grupo. El acto es, indudablemente, resultado de esa xenofobia que han venido mostrando grupos de norteamericanos en contra de los latinoamericanos que llegan a ese país en busca de oportunidades y que llegaron a tener su máxima expresión en el movimiento conocido como «Minuteman» que hace algunos meses amenazó con cazar, literalmente hablando, a los que atravesaran ilegalmente la frontera.
Ahora que los medios de prensa norteamericanos destacan el resurgimiento del Ku Klux Klan orientado a combatir a los latinoamericanos que allá son conocidos como «hispanos», se da el brutal atentado contra un transporte en el que viajaban varios inmigrantes ilegales, con saldo de tres personas muertas, en lo que constituye una agresión inaceptable porque si bien cada país tiene derecho a establecer sus propias normas migratorias, nadie tiene derecho a ejercer esa violencia racista.
Si el viaje del presidente Bush a Guatemala no tenía agenda y era pintorescamente definido como una oportunidad para experimentar la rica diversidad cultural de nuestro país, ahora ya la tiene y muy seria, porque el Gobierno de Guatemala tiene que elevar su voz de protesta en contra de los Estados Unidos por el asesinato de este compatriota cuyo único pecado fue el de buscar mejores horizontes. Un campesino de la costa sur de Guatemala, de esos que viven en condiciones de subsistencia en buena medida porque Estados Unidos interrumpió violentamente el proceso de modernización del régimen de tenencia de tierra en el país, fue asesinado por ese tipo de movimientos que se inspiran en la vieja teoría del «blanco, anglosajón y protestante», WASP por sus siglas en inglés, que fue el semillero del Ku Klux Klan y que ahora nutre, sin duda alguna, a los nuevos movimientos de violencia extrema dirigida a frenar la inmigración ilegal.
Guatemala tiene que exigir al Gobierno de Estados Unidos el esclarecimiento de este crimen y el castigo a los asesinos de nuestro compatriota. Aun quienes creen que es lícita la oposición de los norteamericanos a la presencia de ilegales en su territorio, tienen que admitir que la violencia no es el camino. Si ya es brutal el trato que el departamento de migración da a los ilegales, cuánto más este proceder de los Minuteman que están cumpliendo su amenaza proferida en términos de «ilegal visto, ilegal muerto».
Este momento es crucial porque si Guatemala no eleva una firme voz de protesta, el Gobierno estará traicionando a miles de compatriotas que han emigrado por necesidad, por la miseria y falta de oportunidades de nuestro país, y estará dejando de cumplir su deber. Si a algún país Estados Unidos le debe consideración por el daño hecho en 1954 es a Guatemala y así habrá que hacérselos ver.