Violencia polí­tica


Al menos ocho casos considerados como violencia polí­tica se han registrado en el paí­s desde la fecha en que se convocó a elecciones generales.

La violencia polí­tica se hizo presente el pasado fin de semana en el interior del paí­s al ser blancos de ataque los candidatos a alcaldes por los municipios de Zacapa y Escuintla, el primero de ellos falleció, mientras que el segundo resultó ileso aunque se lamenta la muerte de un correligionario.


La secretaria general de Encuentro Por Guatemala (EG), diputada Nineth Montenegro, viajó esta mañana a Zacapa con el fin de estar presente en el sepelio de Liberaldo Granados, secretario departamental y candidato a alcalde por esa organización en la cabecera departamental de Zacapa, que fue ametrallado la noche de ayer cuando ingresaba a su vivienda luego de participar en una actividad polí­tica.

Al momento de lamentar el trágico deceso de quien consideró como las pocas personas que se atrevió a representarlos en esa región del paí­s, la diputada Montenegro estimó necesario que las autoridades del ministerio de Gobernación incremente la seguridad de todos los candidatos a distintos cargos públicos de elección popular, sin importar el partido polí­tico que representen.

En la colonia Los Portales de la ciudad de Escuintla, al momento en que el candidato a alcalde por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Mynor Santizo, realizaba un mitin, fue ví­ctima de un ataque armado cuando dos hombres le dispararon con armas de largo alcance.

Afortunadamente el candidato no sufrió heridas de bala, pero se lamenta el fallecimiento de un correligionario que estaba a su lado, identificado como Gabriel Morales, que pese a los esfuerzos de bomberos Voluntarios que trataron de salvarle la vida, murió cuando era trasladado al Hospital Regional.

El jefe de bancada del FRG en el Congreso, diputado Arí­stides Crespo, lamentó el hecho y fue claro al decir: «En este caso especí­fico fue un ataque directo a su candidato, y que la persona fallecida era afiliado a esa organización polí­tica, pues en casos similares las autoridades hacen creer a la población que se ha tratado de problemas entre maras o bandas del crimen organizado, con el único fin de archivar los casos».

Estas acciones de alguna manera obligan a los dirigentes polí­ticos a modificar sus estrategias de seguridad, tomando en cuenta que en cualquier momento pueden ser objetivos de hechos violentos por parte de sicarios (matones a sueldo).

Lamenta hechos violentos…

Francisco Garcí­a, del Instituto Centroamericano de Estudios Polí­ticos (Incep), lamentó que actos de violencia formen parte del ambiente polí­tico que debiera de ser una fiesta cí­vica.

Garcí­a informó que suman 48 hechos de violencia registrados en el Mirador Electoral (ME), de los cuales el 98% pese a estar debidamente registrados en los tribunales de justicia no cuentan con personas capturadas y, en muchos casos, no avanzan las investigaciones.

La ciudad capital, y los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, San Marcos y Escuintla son considerados como los más peligrosos en lo que respecta al desarrollo de actividades polí­ticas, según lo revela un informe elaborado por el ME, expresó Garcí­a.

Como responsables de estas acciones Garcí­a señaló a las autoridades del Ministerio Público, quienes deben investigar y aportar las pruebas necesarias para identificar, capturar y procesar a personas que actúan de manera individual o contratadas por polí­ticos contrarios con el fin de efectuar ataques armados.

GAM lamenta hechos…

A criterio de Mario Polanco, máximo dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), es preocupante la situación en materia de seguridad que se vive en el paí­s a nivel general y especialmente en lo que respecta a actividades polí­ticas.

De acuerdo con datos estadí­sticos del GAM, en el paí­s se registran aproximadamente un millón de delitos por año, de los cuales solamente cien mil son procesados por los tribunales de justicia y el Ministerio Público, y de estos solamente 2 mil llegan a sentencia, pero en la mayorí­a son conmutables y los procesados recobran su libertad al cancelar las sumas de dinero que les imponen.

«Lo que no existe en Guatemala es la voluntad de los funcionarios para aplicar las leyes vigentes en lo que respecta a hechos delictivos», Mario Polanco, Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).