Miles de niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica padecen diferentes formas de violencia practicadas por las instituciones del Estado, sus órganos y agentes en nombre del mantenimiento de la ley y el orden.
La paradoja es que las instituciones que deberían garantizar sus derechos, los vulneran y transforman a algunos grupos de la población infantil, y no a otros, en víctimas de una violencia institucional que, según los especialistas consultados, son discriminados por el solo hecho de ser pobres o pertenecer a un grupo social o étnico determinado.
El concepto de violencia institucional es amplio y contempla diversos ámbitos que van desde centros de salud y acogimiento, hasta dependencias policiales o de internación para chicos en conflicto con la ley penal.
Pero entre todas las formas de violencia, la que ejerce la Policía en muchos países de Latinoamérica y que incluye la violencia física, verbal, psicológica y sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, tiene ciertas particularidades. Aunque está generalizada y extendida, se comete en la clandestinidad y con prácticas de encubrimiento, y si no es por las denuncias de las víctimas, de sus familiares ?que pocas veces se animan a hacerlo por temor- o por el accionar de las organizaciones sociales, sería invisible.
La violencia practicada por agentes del Estado en función del control social es, además, uno de los ámbitos en los que operan con más fuerza ciertas representaciones sociales sobre los adolescentes, especialmente la que vincula pobreza con violencia y delito y transforma al adolescente pobre en «peligroso». La mayoría de los adolescentes y jóvenes termina identificando así a la Policía como un peligro, no como una instancia a la que puedan recurrir en busca de protección.
Las medidas cada vez más punitivas, incluida la detención a gran escala de presuntos miembros de bandas, asociada con la arbitrariedad, la ineficacia y una imposición violenta de la ley contribuyen aún más a «estigmatizar a los jóvenes pobres y al aumento de la violencia», destaca el Estudio Mundial contra los Niños en el mundo presentado en 2006, a pedido de la ONU, por el experto brasileño Sergio Pinheiro.
Quiénes son las víctimas
Sandra Carvalho, directora del Centro para la Justicia Global de Brasil, resume el panorama en el país más poblado de la región: «Las víctimas de la violencia institucional son los jóvenes negros que viven en comunidades pobres. Este tipo de violencia está presente en su versión represiva a través de las fuerzas policiales, aunque también se manifiesta por la ausencia de políticas públicas, que implican atención sanitaria, escuelas y servicios esenciales».
La situación en Centroamérica no es muy diferente. «En Costa Rica, las principales víctimas de violencia policial son los jóvenes indígenas y migrantes», precisa Virginia Murillo, presidenta de la organización DNI Defensa de los Niños – Internacional ?Costa Rica.
El informe mundial redactado por el brasileño Pinheiro para la ONU plantea, en términos globales, que «la vulnerabilidad de los niños a la violencia está relacionada con su edad y capacidad evolutiva. Algunos niños, debido a su género, raza, origen étnico, discapacidad o condición social, son especialmente vulnerables».
Por qué ellos y ellas
«Las ciudades latinoamericanas, las más grandes especialmente, son ricas en expresiones juveniles, que funcionan como movimientos sociales. En algunos contextos se las ha denominado culturas juveniles. El uso de prendas de vestir y adornos corporales característicos, su carácter más o menos organizado, un lenguaje peculiar y valores explícitos no son raros en estos grupos. No se trata de agrupaciones delictivas o violentas pero es frecuente que estén señaladas con el estigma de tales, por la preocupación que producen en el mundo adulto sus rarezas y formas de resistencia cultural e incluso trasgresiones no violentas», señala un reciente informe sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes de la organización Plan Internacional.
Esta estigmatización de los adolescentes termina por señalarlos como personas violentas, delincuentes o sospechosas de serlo y víctimas de la persecución policial. «El acoso policial contra estas personas y las limpiezas sociales son expresiones de esta clase de estereotipos que contribuyen a agravar el ciclo de la violencia, al producir antagonismo y desconfianza entre jóvenes y autoridades», advierte Plan.
En Guatemala, según datos del «Diagnóstico del Delito en Adolescentes y Jóvenes y propuestas para la prevención» realizado por la Coordinadora Juvenil para la Prevención del Delito, la población joven es un 55% entre niñez, adolescencia y juventud. Hay un millón 200 mil niños, niñas y adolescentes trabajadores, 20 mil en las calles y 30 mil adolescentes y jóvenes involucrados en pandillas, delincuencia, violencia y drogadicción. Dato que crece aceleradamente, inclusive en comunidades indígenas.
Además, el diagnóstico informa que hay altos niveles de abuso, maltrato y violencia hacia la niñez, adolescencia y juventud, así como falta de empleo y oportunidades de desarrollo económico.
Caminos posibles de salida
Los especialistas consultados coinciden en algunas propuestas que pueden revertir el problema, entre ellas, una mayor formación y capacitación del personal que reproduce la violencia, un Estado activo y promotor de políticas públicas que generen oportunidades y eliminen las desigualdades.
Pinheiro recomienda en su informe que los Estados reduzcan las cifras de niños y niñas que entran en el sistema judicial dejando de considerar delitos «en razón de la condición» (comportamientos exclusivos de niños, como ausentarse de la escuela, fugarse de casa o «no poder estar controlado por los padres»), conductas de supervivencia (mendigar, escarbar entre la basura, merodear o vagabundear) o actividades de trata o explotación delictiva a que puedan verse sometidos.
Un paso inmediato para dar en esa dirección, coinciden los expertos, es capacitar sobre los derechos de niños y niñas a los miembros de las fuerzas policiales, que incluya información acerca de formas adecuadas de tratarlos.
Karyna Sposato, consultora de UNICEF en Brasil, advierte por ejemplo sobre experiencias como la brasileña, que ofrece una de las mejores legislaciones sobre los niños y adolescentes, pero donde las previsiones legales no lograron cambiar por completo las prácticas institucionales y todavía existe, por ejemplo, tortura, malos tratos y violencia contra los chicos, especialmente cuando han cometido delitos y quedan bajo custodia de instituciones de privación de libertad».
Además, incluyen un uso frecuente de términos peyorativos que tienden a culpabilizar a los chicos y reforzar prejuicios sobre ellos (25 por ciento de las notas en el caso de Argentina).
«Los medios tienen una escasa reflexión sobre el lugar importante que ocupan para generar un clima de temor en la sociedad ?ha dicho el sociólogo argentino Gabriel Kessler, en ese estudio regional-. No diría que la manera bastante irresponsable en que los medios tratan el tema del delito juvenil sea causante de la mayor punitividad policial. Pero sí me parece que parten de hipótesis, totalmente desmentidas por estudios científicos que de algún modo dan base a esa legitimidad. Parten mucho de la idea de jóvenes perdidos, que se drogan, que no trabajan, que están en la carrera delictiva y eso puede legitimar, aunque no aparezca explícitamente en el discurso periodístico, la idea de que ese joven debe estar apartado».