Walid Muallem, el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, un país acusado de apoyar a los insurgentes iraquíes, continúa sus conversaciones en Irak, víctima de una escalada de violencia que hoy costó la vida a 17 personas.
El viceministro iraquí de Salud, Hakim al Zamili, escapó hoy a un atentado en Bagdad que mató a dos de sus guardaespaldas, un día después del secuestro de otro alto funcionario de ese ministerio.
El convoy de este responsable pasaba por una avenida del centro de la ciudad cuando varios hombres armados le tendieron una emboscada, disparando sobre los vehículos y matando a dos guardaespaldas.
«Los responsables del ministerio de Salud se han vuelto objetivos militares», dijo el viceministro, que salió ileso del atentado.
Ayer, otro viceministro de Salud, Ammar al Saffar, fue secuestrado por hombres armados.
El secretario de Estado sin cartera, Mohammed Abbas al-Oreibi, también escapó a un atentado con bomba, según un responsable de su oficina.
Otras 15 personas murieron en ataques, tres de ellas por disparos de obús en Hay Jamila, cerca del barrio popular bagdadí chiíta Sadr City, y ocho en la región rebelde de Baaquba, a 60 km al norte de la capital.
Catorce cadáveres de personas torturadas y asesinadas fueron encontrados hoy en el suburbio sur de Bagdad, según una fuente de la seguridad.
En el plano diplomático, Muallem se reunió hoy con el primer ministro, Nuri al Maliki, y se debe entrevistar al final de la jornada con el presidente, Jalal Talabani.
Las autoridades norteamericanas acusaron en repetidas ocasiones a Siria de apoyar a los rebeldes en Irak.
Los insurgentes sirios son los segundos, después de los egipcios, en entrar a Irak para cometer actos violentos, según el ejército norteamericano.
El canciller sirio, que condenó los «actos terroristas» en Irak, abogó por la retirada de las fuerzas extranjeras como medida para reducir la violencia.
«El establecimiento de un calendario de retirada de las fuerzas extranjeras de Irak contribuirá a reducir la violencia», dijo Muallem ayer, día en el que comenzó su primera visita al país desde la caída del ex presidente Saddam Hussein, en abril de 2003.
Según el último balance del ministerio iraquí de Sanidad, entre cien mil y 150 mil personas fallecieron a causa de la violencia tras la invasión estadounidense de Irak.
Por otra parte, la organización Human Rights Watch (HRW) indicó que el juicio a Saddam Hussein por crímenes contra la humanidad estuvo marcado por tantas irregularidades que el veredicto de condena a muerte no se apoya en bases sólidas y debería ser anulado.
«Los procedimientos en el juicio de Dujail fueron fundamentalmente no ecuánimes», indica Nehal Bhutta, autor para HRW de un informe de 97 páginas sobre el juicio. «El tribunal desperdició una ocasión importante de dar una justicia creíble al pueblo iraquí, y su decisión de imponer la pena de muerte tras un proceso no ecuánime no es defendible».
El comité de abogados de Saddam Hussein saludó el informe de la organización.
El Alto Tribunal Penal iraquí -financiado y asesorado por Estados Unidos- condenó a Saddam Hussein el 5 de noviembre a la horca por su papel en la masacre de 148 aldeanos chiítas de la localidad de Dujail en los años 80.