Violencia en el transporte cobró más de 560 vidas en los últimos tres años y medio


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Abordar o conducir un bus puede convertirse en una sentencia de muerte para los guatemaltecos, que son acechados a diario por la violencia y la inseguridad en el transporte público.

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POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt

Padre de víctima, en medio del dolor, pide que las autoridades actúen;

Transportistas dicen que les adeudan Q400 millones, incluido el año 2012 y que sin dinero no pueden hacer mayor cosa;

Sinibaldi los contradice y argumenta que el 2012 fue pagado de forma completa

Seis millones de usuarios utilizan el sistema de transporte, urbano y extraurbano

 Desde el 2010  hasta el 21 de junio pasado se contabilizan 562 personas asesinadas en colectivos, pero a la fecha no existe una solución por parte del Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Comunicaciones, la Municipalidad de Guatemala y los empresarios del transporte para implementar un plan a largo plazo que permita erradicar el flagelo.

“NORMA ESTÁ MUERTA”

Norma Ileana Álvarez Ruiz, de 48 años, se convirtió en otra de las víctimas mortales de la inseguridad que afecta a usuarios, pilotos y ayudantes de buses, que son el blanco de los delincuentes que los amedrentan todos los días.

La vida de una mujer “trabajadora, talentosa y querida”, según sus familiares, terminó el 13 de junio a las 11 de la mañana, cuando al menos seis delincuentes armados asaltaron un bus de la ruta 40R, en el paso a desnivel de Tecún Umán en la zona 9 capitalina.

La advertencia de muerte que lanzaron los sicarios fue contundente: “Saquen todo lo que tienen o si no los matamos”. La amenaza provocó la perturbación de Norma, quien intentó huir de los victimarios y saltó de la unidad de transporte en movimiento.

Ese día, Álida España, amiga y compañera de labores de Norma, viajaba junto a ella; aún afectada física y psicológicamente por el suceso relata la forma cómo su amiga perdió la vida.

“Cuando el bus empezó a descender en el puente, los tipos que iban en la parte de atrás se pararon juntos y dijeron “esto es un asalto, saquen todas sus pertenencias de valor, porque si no los matamos”. Yo iba sentada y ella (Norma) iba parada, me quedé muda (…).  Después sólo vi cuando ella se fue para la salida del bus. Quiso salir huyendo. De repente, la gente solo dijo “se mató la señora”, relata Álida.

Según la entrevistada, todo ocurrió muy rápido y cree que su amiga sufrió una crisis nerviosa, que incluso pudo dejarla sin visión.

“Ella ya no se recordó que iba conmigo, perdió totalmente el control y el chofer no hizo nada ni detuvo la marcha –porque ellos también son cómplices-; fue cuando yo también me aventé y salí corriendo.  Al verla tirada me quedé sin palabra. Norma ya había muerto. Estaba muerta”, dijo.

La vida de “la Colochita”, como cariñosamente la recuerdan personas de su entorno, se diluyó de forma inmediata a causa de la violencia en el transporte. Pero su recuerdo y su talento perdurarán por siempre, dicen.

María Ruiz, progenitora de Norma, recuerda a su hija como una mujer inteligente e ingeniosa, que dedicó la última parte de su vida a la venta de objetos con diseños realizados por ella misma.

“Ella se valía sola. Era muy inteligente. Vendía ganchos, compraba playeras y las diseñaba.  Bordaba bolsas de lona junto a estas muchachas -una de las que la acompañaba el día del asalto– y se iba a venderlas, era una gran hija mi patoja; un amor de gente”, refiere Ruiz.

Los familiares de la fallecida conversaron con La Hora con el fin de abrir un canal de demanda para las autoridades que tienen la responsabilidad de implementar proyectos a largo plazo para erradicar definitivamente la violencia en los buses.

César Álvarez, padre de la víctima, pidió al titular del Ministerio de Gobernación, Mauricio López Bonilla, que implemente un plan de seguridad efectivo, pues a su criterio ya no se pueden tolerar más muertes en los buses.

“El gobierno debe despistolizar y los policías deben subirse a los buses como se los dije el día del incidente, ¿para qué vienen? si mi hija está muerta, no tienen nada que hacer.  Yo quisiera ir al Ministerio de Gobernación y hablar con el señor Bonilla, decirle que tienen que hacer algo para terminar con esta violencia, no pueden cruzarse de brazos y esperar a que otra persona se muera”, indicó.

RESPONDE

Mauricio López Bonilla, titular de la cartera del Interior fue consultado sobre la inseguridad en los buses y dijo que a corto plazo puede pedirle esfuerzos a la Policía para prevenir el delito a través de patrullajes, mientras que hay equipos de investigación para detener a las estructuras involucradas en el tema.

“En realidad lo único que puedo decir que estamos pidiéndole sacrificios a la PNC sobre estos temas; necesitamos alternativas extras para explorar el fenómeno que viene como herencia y no lo vamos a hacer posible si no aumentamos nuestras capacidades. –A los deudos– no les puedo pedir su comprensión porque al final de cuentas es parte de nuestras obligaciones, pero tampoco está solo sobre nuestros hombros, es un trabajo en conjunto”, indicó.

El funcionario dijo que a largo plazo a través de un acuerdo, se busca que el próximo año se implemente un sistema prepago para las unidades urbanas y extraurbanas que vendrá a ayudar en el tema de seguridad.

“A través de un acuerdo que entró a funcionar el año pasado y que va a cobrar vigencia el próximo año es el prepago para el sistema de buses urbanos y extraurbanos.  Una vez entre eso a funcionar parte del prepago va a tener una asignación que va a ir para a la seguridad de los buses”, refirió López Bonilla.

562 MUERTES

La Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) registra 562 muertes de usuarios entre 2010 y el 21 de junio de este año; entre las víctimas se cuentan usuarios, pilotos, ayudantes y empresarios del transporte urbano y extraurbano.

Según la información, 2010 fue uno de los años con mayor índice de asesinatos, 168; le sigue 2011, con 155; 2012 con 149; 2013 con 90.

Las rutas con más asaltos y ataques armados son la 203, 96, 40R, 22, 23, 4, 3, 10 y 11.  Mientras que las unidades extraurbanas con más hechos violentos son la Tropicana, con ruta a Ciudad Quetzal, Monjas, entre otras.

Édgar Guerra, defensor de los Usuarios, dijo que el Organismo Ejecutivo debe implementar un plan integrado en el uso de tecnología y retirar de inmediato el efectivo que circula en los buses.

“Deben implementar un plan integrado en el que se tome en cuenta el uso de tecnología, a través del GPS, sistema prepago para detener la delincuencia, como consecuencia esto traería el retiro del efectivo de los autobuses, porque ese ha sido uno de los elementos porque se han involucrado algunos pilotos y ayudantes en bandas que se dedican a delinquir”, explicó.

Por otro lado, Guerra también dijo que es necesario determinar a dónde se destinan los fondos de subsidio que se entrega a los empresarios de transporte urbano, pues se supone que se debería destinar cierto monto para la seguridad.

“Ha habido más aporte en el tema de seguridad en donde el presupuesto de ingresos y egresos de la nación entrega Q35 millones a empresas de autobuses urbanos Q8 millones van destinados para la contratación de policías privados en donde no se ve la cantidad que debieran estar contratadas y prestando el servicio de seguridad. Cabe hacer un análisis que las rutas más afectadas no cuentan con seguridad, la gran pregunta es ¿Qué se están haciendo esos recursos millonarios? En donde mes a mes entregan esos Q8 millones”, indica Guerra.

Según el entrevistado, la Contraloría General de Cuentas (CGC) está obligada a evaluar que esos recursos se traduzcan en efectividad.

EL DINERO ¿NECESIDAD O CHANTAJE?

Luis Gómez, de la Asociación de Transportistas Urbanos, dijo que la única solución que encuentran para solventar el tema de seguridad es el sistema Transurbano donde ya se ha comprobado que a través del mismo no se reportan hechos violentos, pero desafortunadamente no existen recursos económicos.

“Por falta de recursos nosotros ya no pudimos seguir adelante con el proyecto, a que me refiero que a nosotros nos deben recursos económicos del año 2011, 2012 y 2013, mientras esa situación no mejore nosotros no podemos invertir en unidades para brindarle un mayor servicio a la población, lamentamos que por recursos económicos se pierdan vidas de nuestros trabajadores pero mientras no se cambié el sistema integralmente y el Estado no se comprometa a velar por la seguridad nosotros no podemos seguir haciendo más”, dijo Gómez.

Según el entrevistado el Estado les adeuda Q400 millones de este sistema, que no pagaron desde 2011 a la fecha.

“Del año 2011 nos deben dos meses, del 2012 seis meses, y del año 2013 3 meses.  Son más o menos Q400 millones”, indicó.

Por aparte, agregó que ya no invertirán en los buses rojos porque dicho sistema es obsoleto e inservible.

“Invertirle a las unidades rojas es tirar el dinero en un saco roto, nosotros mantenemos el servicio rojo operando pero este ya es obsoleto y tiene muchas deficiencias que reconocemos que tienen que cambiar”, dijo.

Gamaliel Chin, de la Gremial de Transporte Extraurbano de Rutas Cortas, coincidió en que es necesario invertir en el sistema prepago en los buses, pero debido a la falta de ordenamiento de políticas del Estado no se logra coordinar nada.

“Consideramos que la forma de poder limpiar las extorsiones del escenario es retirar el efectivo de las unidades de transporte, considero de que el Estado no ha sido capaz de ordenar sus políticas interministeriales para conseguir este resultado.  Nosotros somos administrados por el Ministerio de Comunicaciones que es el responsable de esas gestiones y tiene la obligación de cumplir con esta norma pero no lo pone en vigencia”, refirió.

Chin dijo que las medidas por parte del Mingob no son eficientes, pues con algunos elementos de seguridad en los buses el tema no acabará, por ello insiste en la inversión de tecnología y el involucramiento de otras instituciones de Estado.

“TECNOLOGÍA DE PUNTA”

Alejandro Sinibaldi, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda fue consultado al respecto sobre estos temas y explicó cuáles son las funciones que le corresponden.

“En relación con el transporte urbano de la Capital y los municipios que se rigen por el Código Municipal, en el caso de la capital es entregar un subsidio que tienen tres componentes, el subsidio al diésel, el subsidio a la seguridad de los buses y el subsidio para el Transurbano”, indicó.

Por otro lado dijo que en el caso del transporte extraurbano, a través de la Dirección General de Transporte (DGT), a partir del próximo año se implementará tecnología de punta que vendrá ayudar a este sistema.

“A través de la DGT el Ministerio de Comunicaciones tiene la responsabilidad de velar porque el transporte extraurbano enfrente un mejor servicio, por eso el año pasado se implementó un reglamento obligatorio para la compra de tecnología de punta, de GPS, de cámaras y del sistema prepago en los buses extraurbanos y eso tendrá algún impacto en la seguridad de los guatemaltecos cuando se implemente en el primer trimestre del próximo año.

En cuanto a la demanda de Luis Gómez, el funcionario explicó que no puede solventar problemas de administraciones pasadas.

“Yo puedo hablar en lo que corresponde a mi administración porque si hablo de las administraciones de gobiernos anteriores en su mayoría han sido un desastre no solo en el tema del transporte.  El Ministerio de Comunicaciones el año pasado pagó todo el subsidio que el presupuesto tenía, que significa que el presupuesto 2012 tenías seis meses el subsidio y el Ministerio pagó 6 meses. Nosotros no podemos pagar más de lo que marca la ley y lo que marca la ley es lo que está en el presupuesto”, refirió.

Sinibaldi indicó que cada mes se entrega de subsidio Q35 millones al transporte urbano.

“El gobierno debe despistolizar y los policías deben subirse a los buses como se los dije el día del incidente, ¿para qué vienen? si mi hija está muerta, no tienen nada que hacer.  Yo quisiera ir al Ministerio de Gobernación y hablar con el señor Bonilla, decirle que tienen que hacer algo para terminar con esta violencia, no pueden cruzarse de brazos y esperar a que otra persona se muera”.
César Álvarez
Padre de la víctima