La muerte violenta de dos hijos de diputados de la Unií²n del Centro Nacional y del Frente Republicano Guatemalteco vinieron a sumarse a la larga lista de candidatos a puestos de eleccií²n popular y simpatizantes de organizaciones polí¬ticas que a lo largo de los í¹ltimos ocho meses han sido víctimas fatales por la ola de violencia, lo cual ha despertado preocupación del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulsa.
La OEA ha recogido la preocupacií²n manifestada por distintos interlocutores polí¬ticos, institucionales y sociales acerca de los problemas y amenazas que afectan a la seguridad ciudadana y conciente de ello, considera que la magnitud de los retos que se plantean excede los marcos temporales del actual proceso electoral.
La misión ha observado insuficiente coordinación entre las diversas instituciones responsables de brindar seguridad. Recuerda que el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se comprometieron para reestructurar una relación más fluida de intercambio de información que permitiera diseñar y ejecutar medidas de seguridad preventivas durante el proceso electoral, sin embargo, los resultados son contrarios a ese compromiso.
Las investigaciones internas que algunos partidos polí¬ticos han realizado respecto a las motivaciones de la violencia, reflejan que en la mayorí¬a de casos, sus orí¬genes estí n en la delincuencia comí¹n. El candidato presidencial del Partido Patriota, Otto Pérez Molina, quien ofrece mano dura contra la delincuencia, señala que la violencia en contra de miembros de su partido, no ha estado vinculada a la campaña electoral.
Violencia provocada
Sin embargo, un reciente informe del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), sostiene que se están generando hechos de impacto social para elevar la percepción de inseguridad y enumera los asesinatos sistemáticos contra los pilotos del transporte urbano, los linchamientos y más recientemente el repunte de robo de niños, lo cual provoca zozobra en pleno proceso electoral.
De manera contundente, CIIDH concluye que el país se encuentra ante una operación planificada sistemáticamente para provocar zozobra en la sociedad. Señala que es imprescindible que el Estado y sus autoridades generen una profunda investigación para determinar la autoría material e intelectual de estos hechos deleznables y evitar que la violencia sea utilizada para obtener un rédito electoral a costa de vida y sangre.
Narcotráfico interesado en la política
Por su parte, el Mirador Electoral, afirma que los partidos políticos no se apartan del problema de la violencia. Despuésde observar los estudios de opinión electoral, concluyen que el narcotráfico está infiltrado en algunos partidos políticos.
Según la Fundación Mirna Mack, esa situación se debe, principalmente, a la falta de resultados en el sistema de justicia y al número de asesinatos que han venido en ascendencia desde 1996, sobre todo por la no desarticulación de grupos paralelos que se involucran en otras actividades ilícitas, como los secuestros o ejecuciones extrajudiciales.