La violencia de México irrumpió en las campañas para las elecciones intermedias del 5 de julio, con atentados en los últimos días contra candidatos en dos de los puntos más calientes del país.
«Hacemos un llamado a las autoridades encargadas de la seguridad pública para que brinden las medidas de seguridad a todos los candidatos», demandó el Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda, segunda fuerza legislativa), poco antes de los comicios en que se renovarán la Cámara de Diputados y seis gobernaciones, entre otros puestos.
En la localidad de Arcelia, ubicada en el empobrecido estado de Guerrero (sureste), este lunes «individuos desconocidos que viajaban a bordo de un vehículo compacto los interceptaron (al político y acompañantes) y al descender uno de ellos les disparó», reportó la estatal secretaría de Seguridad Pública.
Nicanor Adame, candidato a diputado federal por el PRD, partido que en 2006 estuvo a muy poco de ganar el poder federal, recibió «un impacto de proyectil de arma de fuego en el antebrazo izquierdo», su coordinador de campaña fue herido en un glúteo y el otro acompañante recibió dos impactos de bala, en un brazo y en la cadera.
Guerrero es uno de los más afectados por las actividades delictivas de los grupos narcotraficantes, a los que se atribuyen más de 7.300 asesinatos en todo el país desde inicios de 2008.
Dirigentes estatales del PRD de hecho han demandado al Instituto Federal Electoral (IFE) garantías de seguridad en Guerrero porque tiene «municipios calientes por el panorama de narcotráfico en la región, por la presencia del narco».
Sin embargo, no es la única región azotada por el espiral de violencia.
En Tijuana, frontera con Estados Unidos, una de la que registra mayor número de asesinatos al año, una candidata a diputada federal del PSD repartía propaganda el viernes pasado cuando una bomba molotov incendió su camioneta estacionada a muy pocos metros de ella.
En total cuatro de los candidatos del PSD para las elecciones han sido agredidos; la más reciente ocurrió el domingo.
Ese día «un convoy de tres camionetas donde iban candidatos y sus suplentes fue atacado cerca de Acapulco (sureste); la última camioneta fue baleada con una escopeta y resultó herido en el brazo uno de los suplentes, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente», dijo a la AFP, Jorge Díaz Cuervo, presidente nacional del PSD.
La plataforma electoral del PSD está compuesta por 10 propuestas generales; la número tres es la legalización de las drogas «más usadas en el país» porque «podría terminar con las ejecuciones y la violencia generalizada», según establece en su página electrónica.
El PSD es un pequeño pero activo partido opositor con 2% de representación en el Congreso, y aunque tiene otras propuestas polémicas que pueden causar el «enojo» de varios sectores, como la despenalización del aborto en todo el país y el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, la legalización de las drogas «podría ser» la causa de los atentados.
«Aunque es la autoridad la que nos tiene que decir quiénes son los responsables, claramente la (propuesta de) legalización de las drogas golpea a la columna vertebral del narcotráfico y las agresiones se han dado en plazas difíciles», donde se ha concentrado la lucha entre narcotraficantes y del gobierno contra las estructuras de los capos de las drogas, dijo Díaz Cuervo.
«Lo cierto es que hay un clima de violencia generalizado y es producto de la guerra del gobierno (en manos del conservador Partido Acción Nacional, PAN); está claro también que su estrategia no ha funcionado, no ha funcionado la militarización de las calles, no está deteniendo el mercado de las drogas, ni siquiera lo está achicando», sostuvo.
Díaz Cuervo resaltó como en varios de los spots proselitistas que México «es el país sin guerra civil más violento del mundo».
El operativo contra el crimen organizado emprendido desde el inicio del mandato del presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006, sacó de sus cuarteles a unos 36.000 militares desplegados en casi todo el país latinoamericano.