No cabe la menor duda de que la tarea de dar seguridad a los guatemaltecos ha resultado misión imposible para el gobierno del presidente Colom y anoche la violencia se ensañó con gente de su propio partido cuando desconocidos atacaron con fuego de ametralladora a un miembro del Comité Ejecutivo de la UNE que viajaba acompañado de un piloto, también muerto en el atentado.
El crimen viene a alborotar más aún las ya tormentosas aguas de nuestra política electoral. Aunque en el Ministerio de Gobernación digan que no tienen aún ninguna hipótesis sobre el origen de este hecho de sangre, no se puede de ninguna manera desvincular del suceso de que Obdulio Solórzano era alto dirigente del partido y colaborador estrecho de la esposa del Presidente y de su hermana. Pero fundamentalmente es una reiteración de lo dicho tantas veces, en el sentido de que vivimos en un país donde todos estamos librados a nuestra suerte porque no existen mecanismos institucionales de protección de la vida humana y que tiendan a garantizar la seguridad de los habitantes de la República. A falta de ley de justicia, los criminales no vacilan en actuar con desparpajo para disponer de la vida de cualquiera y el resultado es este insensato baño de sangre que venimos soportando. En estos días se recordó, por una expresión del mismo Presidente, que otro estrecho colaborador suyo, el entonces Ministro de Gobernación Vinicio Gómez, fue también asesinado y ha pasado el tiempo sin que se pueda avanzar en las investigaciones. Si ello ocurre con gente cuya relación podría significar un especial interés de las autoridades para aclarar sus muertes, qué puede esperar el ciudadano común y corriente cuya vida es arrebatada en lo que calificamos como delincuencia común, por el robo de un celular o de una billetera, sin darnos cuenta de cuán tan común termina siendo, en verdad, ese tipo de criminalidad. Si hablamos de la desazón que se percibe entre la población guatemalteca por el clima de inseguridad, seguramente que los corifeos del Gobierno dirán que se está magnificando la situación con el ánimo de afectar la imagen del régimen, pero estamos hablando de una realidad lacerante que es preocupación de todos los días para los guatemaltecos, especialmente aquellos que son usuarios del sistema de transporte urbano y extraurbano en el que campea la parca con la más absoluta impunidad. Ojalá el Gobierno no deje que este caso, como el de Gómez, quede en el olvido y demuestre que siquiera cuando golpean a uno de los suyos pueden tener un aire con remolino para investigar con seriedad.