Violencia doméstica y drogas, serios problemas en la sociedad


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Lí­deres y lideresas de seis municipios y una comunidad del departamento de El Progreso determinaron, mediante conversatorios ciudadanos realizados en diferentes fechas y lugares, que entre las principales causas de los problemas sociales que les aquejan están la violencia intrafamiliar y el consumo de drogas.

Por Elisa Sasví­n, Corresponsal EL PROGRESO / Agencia CERIGUA

Los conversatorios ciudadanos son parte de una metodologí­a de investigación que realiza el Viceministerio de Gobernación de Apoyo Comunitario, a cargo en esta localidad de Marlen Romero, con el fin de diagnosticar las principales causas de la problemática que viven en sus localidades.

En esta primera etapa participaron lí­deres y lideresas de cada municipio, entre ellos miembros de los Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), organizaciones de mujeres y docentes, entre otros, para elaborar una polí­tica pública municipal que permita tener incidencia sobre ellas.

Romero informó a los miembros de la Comisión Departamental de Seguridad Ciudadana, que al finalizar esta primera etapa de un proceso que aún no concluye, se estableció que de manera priorizada que son la violencia intrafamiliar y el consumo de drogas los ilí­citos que transformaron la tranquilidad que viví­an los habitantes de seis de los ocho municipios que conforman el departamento.

Le siguen, la portación ilegal de armas de fuego, las extorsiones, la violencia contra la niñez, las diferentes formas de robos, la tala inmoderada de árboles, los asaltos con armas de fuego, los asesinatos, las agresiones verbales y la alteración al orden público.

La delegada advirtió que por poca voluntad polí­tica de los jefes ediles de Guastatoya y Sanarate no se realizó el diagnóstico y que próximamente informará los resultados de las encuestas de victimización que lleva a cabo.

Los miembros de la comisión, entre los que figuran el Gobernador departamental, el representante de la Auxiliatura departamental del Procurador de los Derechos humanos; la Policí­a Nacional Civil, las Reservas Militares, los ministerios de Educación y Salud Pública, así­ como la Procuradurí­a General de la Nación, entre otros, reconocen la veracidad de la información y se comprometieron  a realizar de inmediato algunas acciones preventivas, mientras se establece la polí­tica municipal para cada municipio.